Ya no hay corrupción tolerada

Los distintivos de la actividad política en México durante los 40 años que precedieron al 2019 fueron la corrupción y la impunidad. Todos los mecanismos necesarios para que los actos cometidos por los corruptos quedaran impunes se montaron en operación, desde el cambio de la legislación que dejaba de calificar a este delito como grave, promovido por Salinas, hasta la facultad de condonar impuestos que se inició en el sexenio de Echeverría y que durante el neoliberalismo fue utilizada con una liberalidad insospechada.

Cada sexenio tuvo sus propios eventos de corrupción desbocada, así conforme pasaba el tiempo cada gobierno iba siendo más descarado en la práctica de los fraudes, abusos de confianza, despojos, saqueos, robos y demás delitos amparados por el sistema podrido neoliberal; sin embargo hay algunos que se destacan en la memoria colectiva con especial significación.

Una de ellas incluye las privatizaciones de bancos y empresas en el sexenio de Salinas, que dieron lugar a 23 de las más grandes fortunas del mundo en esa época, dignas de haber sido mencionadas por la revista Forbes en 1995, como algunas de las 500 más abultadas del planeta, justamente en manos de mexicanos que ni siquiera soñaban con esta distinción en 1988 cuando comenzó ese sexenio.

Otra imposible de olvidar, es la estructuración del Fobaproa en el sexenio de Zedillo, que a través de convertir las deudas privadas en deuda pública, algunas incluso adeudadas por los nuevos magnates salinistas, nos ha costado a los mexicanos 2 billones de pesos hasta el día de hoy, faltándonos todavía por saldar otro billón, que no terminaremos de liquidar sino hasta 2070.

En el gobierno panista del “cambio” de Vicente Fox, además de enterarnos por uno de sus colaboradores cercanos, sobre los miles de millones de pesos involucrados en el fraude electoral apuntalado a través de la organización clandestina denominada “Amigos de Fox”, también descubrimos entre otras cosas, que “se perdieron” varias decenas de miles de millones en fondos de fideicomisos aduaneros, que no entraban a la Tesorería de la Federación y que fueron desviados por Gil Díaz que entonces era el secretario de Hacienda.

En el tiempo de Calderón se profundizó al máximo el grado de putrefacción del gobierno con la presencia de García Luna entre otros personajes deleznables, quien por no mencionar más que un caso, fue responsable de otorgar contratos para la construcción de 9 reclusorios por un monto superior a 333 mil millones de pesos, a razón de 37 mil millones por reclusorio; más de lo que costó la Torre Bancomer de Reforma, lo que le sirvió a este narcopolicía para acumular una fortuna que hasta ahora se ha comprobado en alrededor de 20 mil millones de pesos.

Con Peña Nieto la corrupción del gobierno ya fue el factor básico de la normalidad operativa, desde los casos de Oderbrecht, Agronitrogenados, contratos inflados para compra de medicinas, uso de facturas falsas y para cualquier otra actividad que se desarrollara con la intervención gubernamental, que acumularon cientos de miles de millones de pesos en beneficio de corruptos y ladrones de cuello blanco.

Después de todos estos eventos, en esos sexenios no se presentó ni una sola denuncia, ni se persiguió a funcionarios para que hicieran frente a la justicia por los atracos que cometieron en colusión con los traficantes de influencias.

En la actual administración, una vez que se comenzó a combatir la corrupción gubernamental por primera vez en la historia moderna, se descubrió el fraude cometido contra Segalmex entre 2019 y 2020, a través de las empresas paraestatales Liconsa y Diconsa, por alrededor de 15 mil de millones de pesos, que es una cantidad menor a la que acumuló García Luna de fortuna personal.

La diferencia fundamental que hoy existe en la conducta del gobierno, es la de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, por lo que en este caso la Fiscalía General de la República tiene 39 carpetas de investigación, ha obtenido 54 órdenes de aprehensión, y se ha iniciado proceso penal en contra de 17 implicados, que dicho sea de paso, son en su mayoría ex priistas que Ignacio Ovalle incrustó en la organización de Segalmex.

Sin embargo, el escándalo desplegado sobre este tema en los medios tradicionales controlados por los ladrones de antes, en un caso que palidece cuando se le compara con los atracos que ellos cometieron.

Lo que nos hace recordar el refrán que dice: “De la boca del ladrón, todos lo son”.