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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aún goza de fuero constitucional, pues el Congreso Local actuó conforme a sus atribuciones porque no estaba obligado a homologar la decisión de la Cámara de Diputados.

El fallo estableció que las decisiones de la Cámara de Diputados cuando se erige en jurado de procedencia para desaforar a un gobernador no son vinculantes para los congresos locales, por lo que los ministros declararon infundada controversia relacionada con el desafuero del gobernador, pues, dicen, el simple pronunciamiento de la Cámara de Diputados para retirar la inmunidad al mandatario estatal no es suficiente.

Y es que, el 30 de abril de 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, determinó que, aunque los presuntos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaban acreditados, el delito de defraudación fiscal por un monto de 6 millones 500 mil pesos sí lo estaba, por lo que se avaló el desafuero del mandatario tamaulipeco, sin embargo el Congreso local se negó a homologar la decisión.

Así, cuando la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por su probable responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero, y el mandamiento judicial fue otorgado por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, Cabeza de Vaca se amparó y obtuvo la protección de la justicia, sentencia que impidió su detención.

En consecuencia, el juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, señaló en su resolución que, al “proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito” que se le imputan al mandatario estatal, “no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”, por lo que que se violaron los derechos del gobernador pues estaban en curso las controversias constitucionales donde se debía resolver el tema sobre su inmunidad.

El juzgador señaló que su sentencia no implicaba favorecer la impunidad pues la decisión de la Legislatura de Tamaulipas, de mayoría panista, para no homologar la decisión de la Cámara de Diputados, protege al titular del Ejecutivo local.

Pero además, la legislatura estatal saliente, aprobó el 24 de junio 2021 las reformas para evitar que los nuevos integrantes del Congreso, que serán en su mayoría de Morena, puedan autorizar el desafuero del mandatario local, para lo cual modificaron el artículo 84 de la constitución estatal y el 44 de la Ley de Servidores Públicos, donde se establece que “en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable”.