A consecuencia del revés propinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al haberle negado el amparo solicitado con el que pretendía evitar el pago de un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos, el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, anunció su intención de acudir a instancias internacionales.

La empresa, en un caso relacionado con un amparo promovido por ésta para intentar evitar el pago de impuestos del ejercicio 2006, señaló mediante un comunicado que “Con relación a la resolución del amparo directo 2497/2018 del día de hoy en la Suprema Corte, Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada”.

Según dice Grupo Salinas, los ministros de la SCJN se negaron a revisar el asunto de fondo, por lo que consideran que “se violó”  su derecho de acceso a la justicia y debida defensa.

“En pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos”, dicen.

La empresa propietaria de Elektra y Banco Azteca, entre otras, afirma contar con los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, que hará valer en la legítima defensa de sus negocios.

Y es que, durante la sesión de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, tres de los cinco ministros que la integran votaron por desechar el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2006, e incluso los dos restantes, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, se pronunciaron por negar directamente el amparo.

Los ministros determinaron en su resolución que “se desechan el recurso de revisión y su adhesiva”, lo que implica que se consideró que el asunto carece de importancia y trascendencia necesaria para que fuera resuelto por el máximo tribunal del país, por lo que regresará al tribunal de origen.

El asunto se deriva de que, en una maniobra evidentemente irregular, el consorcio de Salinas Pliego intentó que la inversión provocada por la fusión de algunas empresas filiales del grupo, dedicadas al almacenaje y la distribución fuera deducido del Impuesto Sobre la Renta (ISR) adeudado, lo cual fue negado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que Grupo Electra llevó el caso hasta la Suprema Corte en 2018 y sobre lo cual Ricardo Salinas se ha inconformado en tres ocasiones con sendos amparos, mismos que le han sido negados.