Las cartas sobre la mesa
Por: Laura Cevallos
@cevalloslaura
En cientos de marchas por la dignidad, una de las consignas era ni perdón ni olvido, justamente con la intención de que recordáramos las ignominias y las ofensas que el estado propinó al pueblo de México durante los años de la represión, la guerra sucia, el saqueo y el abuso desmedido de los bienes de la nación para uso y disfrute de los miembros de la clase gobernante y sus familias como si pudieran disponer de ellos como un derecho de accesión, tal y como acontece por ejemplo en las monarquías.
Ni perdón ni olvido porque cuando ejercemos el acto de perdonar se empieza a procesar un sentimiento de justificación hacia aquello que otros puedan perpetrar en contra del débil, del desvalido, de las mal llamadas “minorías”. Y es que es un recurso que los ejecutantes de la represión pueden utilizar para explicar cuáles han sido las razones por las que han decidido reprimir, torturar, lanzar el ejército en contra del pueblo e incluso hoy el por qué han decidido saquear a la nación para beneficio personal. Y en ese acto de comprensión de razones, hacerlas nuestras y hasta agradecer esos actos innobles y antidemocráticos.
Sí perdonamos al ladrón, un poco nos ponemos en sus zapatos para entender las razones que lo llevaron a robar, haciendo una excepción cuando ese robo tiene como origen el hambre y la pobreza extrema; pero en el resto de los casos, donde alguien decide apoderarse de los bienes de otra persona porque no quiere esforzarse para conseguir un empleo y ganar esos bienes de manera lícita, perdonar la falta es equivalente apapacharla y a avalar que tal conducta sea el modus vivendi de ese ladrón. Lo mismo aplica a un estafador, a un traidor a la patria, un violador, un pederasta y a un político corrupto o un genocida.
Si para ese “servidor público”, al que su patria le paga por realizar una tarea que, antes que otra cosa, debiera considerarse un honor, se atreve a utilizar su encargo para celebrar negocios que involucren dinero obtenido más allá de la licitud y la moral, el primero de los varios castigos que merece debe ser el descrédito ante la ciudadanía, que es a quien lastima con su conducta antijurídica. Si, en cambio, se perdona y se olvida el nombre, cargo y delitos que ese funcionario cometió en abuso de su puesto y jerarquía, se engendran corrupción, impunidad y se abre la puerta para que cada una de las faltas que cometa, sea peor y más grave que la anterior.
Les apuesto que la primera vez que algún funcionario corrupto, el que ustedes decidan poner aquí, se animó a delinquir poquito, como desviar un presupuesto, a recibir un soborno, hacerse el muerto ante el ingreso de sustancias ilegales a través de una frontera, o restarle importancia a la violencia sufrida por una persona vulnerada y vulnerable, lo hizo pensando en que nadie se daría cuenta, que probablemente no dañaba a nadie y se envalentonó para cometer ilícitos cada vez peores.
Y no, nunca son más leves las faltas ni los delitos. La perversidad y la gravedad de esos delitos crecen como bolas de nieve.
Hagamos aquí un acto de memoria colectiva, y tengamos en cuenta la entrevista realizada entre Diego Fernández de Cevallos, Joaquín López-Dóriga y Andrés Manuel López Obrador, en Televisa poquito antes de las elecciones de 2000, cuando el hoy presidente invitaba a la gente a hacer memoria y recordar lo que se ponía en juego, pero sobre todo, quiénes eran parte de ese tinglado de la corrupción política, porque el opositor de peluche, el Jefe Diego, alias la ardilla, quería justificar la quema de boletas que había ordenado luego del fraude de 1988, para que no ocuparan un lugar tan amplio, señalando que ningún gobierno conservaba esos documentos y con ese argumento, desestimaba lo que proponía AMLO, el derecho que teníamos los ciudadanos de exigir la revisión de esos paquetes electorales para demostrar el fraude.
Y conforme se fue desarrollando la entrevista, Diego se fue encabritando y respondía cualquier cosa para atacar, desdeñando a la oposición (entonces el PRD que valía la pena), minimizándola sin darse cuenta que al cabo de unas cuantas elecciones, cambiaría de lado el poder y que los insultos proferidos contra los opositores, hoy serían una de sus tantas causas de perdición.
Él se defendía diciendo que el tal PRIAN no era real y que el PAN, solito, había votado en contra muchas iniciativas del PRI en el Congreso, y aseguró que los opositores que se oponen a todo están tarados, pero sus palabras, del minuto 6:07 al 6:49, dicen textualmente:
“Usted ha venido diciendo que yo fui aliado y soy del sistema, que fui un apoyo de Salinas, que el PAN siempre ha apoyado al gobierno y que pertenecemos al mismo esquema. Mire, eso no es verdad y lo podemos demostrar: lo que sucede es que en todos los países civilizados de la Tierra, en todos, las oposiciones que se respetan, a veces votan en favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra; solo los enfermitos mentales, sólo los que están mal de sus facultades, asumen que para ser honestos se tiene que estar en contra del gobierno. Eso no lo aguanta ningún país.”
Así podemos entender que los opositores de hoy, los que están en una ilegal e inconstitucional moratoria o parálisis legislativa, con la que desde junio de 2022 no han aceptado debatir y menos leer las iniciativas de reforma que se han presentado, son tarados, porque sus acciones irresponsables y de alta payasada, lejos de demostrar su legítimo derecho a disentir, nos permite darnos cuenta que lo que hoy está en el Congreso, no son tres o cuatro bancadas opuestas a los proyectos legislativos, sino un bloque dispuesto al cabildeo de los grupos elitistas que exigen que se les entregue el control del país como si se tratara de un botín en un asalto.
La justificación es que están en contra. Pero ¿en contra de qué? Ellos aseguran que de ese hombre que quiere adueñarse del país para él solito y que despacha desde palacio, que es un dictador y que está enfermo de poder; que no trabaja sino de 7 a 10 am y que se quiere reelegir. Ese, hasta donde veo yo, es el fantasma que describe a cualquiera de los anteriores “presidentes” que trabajaban como 10 horas a la semana, si bien nos iba, que se convirtieron en peones reemplazables en el escenario político y que su ambición de dinero y poder los llevó a desmantelar al Estado, tostoneando bancos, empresas ferroviaria, eléctrica, petrolera, telefónica o haciendo concesiones de explotación del territorio; reformando la Constitución más de 750 veces, y no siempre con miras a beneficiar o robustecer los derechos humanos de los mexicanos, sino más bien, para hacer prosperar a los amigos del poder.
Solo como referencia, durante este sexenio ha habido 19 reformas, que son las siguientes:
- En materia de extinción de dominio (delincuencia organizada)
- Guardia Nacional (inicio de operaciones)
- Prisión preventiva oficiosa (pero que a los de la Corte se les hizo muy mala, porque pobrecitos delincuentes, entonces fue objetada en partes)
- En materia Educativa (sistema de carrera para los docentes)
- En materia de Paridad de Género (tuvo resultados en las elecciones de 2021)
- Pluriculturalidad del Estado Mexicano (pueblos originarios y afrodescendientes)
- En materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato
- En materia de condonación de impuestos (para que ya no se permitiera la evasión y la devolución a los “grandes contribuyentes”)
- En materia de salud universal y becas (el artículo 4° constitucional)
- En materia de seguridad vial y movilidad
- Juventud (políticas públicas de integración)
- Fuero (eliminación para el presidente)
- Al Poder Judicial (creación de Tribunales de Apelación, sustituyendo a los Tribunales Unitarios y los Plenos Regionales; establece la obligatoriedad de 8 votos en sentencias; crea la Escuela Federal de formación, regula el servicio de defensa pública en materia de fuero y modificó el procedimiento para la declaratoria de inconstitucionalidad)
- Nacionalidad (modificación)
- Cambio en la denominación de dos Estados: Michoacán de Ocampo y Veracruz de Ignacio de la Llave
- Eliminación de las partidas secretas
- En materia de seguridad privada
- La que modifica la duración de la Guardia Nacional a la Sedena, para las tareas de seguridad pública.
Ninguna de las anteriores, han llevado al país a abusar de sus facultades para amolar al pueblo, y no hubo mejores resultados, porque la triste y tarada oposición no ha querido ni discutir lo que se propone. Pero eso sí, van a la Corte y exigen que, en revisión escrupulosa de ese proceso legislativo, se revisen posibles violaciones que hayan permitido que nuestros legisladores hayan aprobado las reformas legales en “lo oscurito”, porque no se les avisó, porque no los invitaron a debatir, o porque hicieron uso de la dispensa legislativa que es una prerrogativa para aprobar lo que ya fue discutido previamente en las comisiones y que conocen por ser parte de los cambios que requiere el país.
Cuando la oposición desgobernaba sin límite ni freno, sacaban la aplanadora y aprobaban sin pudor cuando les pagaban por decir sí en las sesiones. Qué bueno que ya se dieron cuenta de lo malo que es votar así. Pero aún no les cae el veinte de que ser minoría implica que no van a ganar cuando se tenga que expresar con votos la anuencia o disidencia, y que para eso sirven las curules: para representar a la gente y sus necesidades.
Lo malo, es que vayan con el tercer poder y le exijan que abuse de sus facultades de revisora de la legalidad y avasalle con su decisión la que ha sido tomada por el poder legitimado para ello, alegando violaciones de forma, sin revisar el fondo y sin tomar en cuenta que ese es el resultado de la incompetencia de los legisladores que se quejan de ser minoría, en primer lugar.
Es ahí donde tenemos que entender la importancia que va a tener la votación por los partidos aliados del pueblo mexicano, que logren llevar a cabo la transformación de las reglas de juego, para poder evitar estos sanquitines en que el poder judicial se ha metido a frentear la lucha de los opositores contra el Ejecutivo, Legislativo y el Pueblo que los ha elegido legítimamente para ser nuestros representantes.
Por eso, prohibido olvidar el daño que los legisladores de oposición, el poder judicial y sus resoluciones han causado a esta transformación.
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