Los legisladores de Querétaro con mayoría del PAN, aprobaron, en la comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, crear la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro” que contempla, entre otras cosas, concesionar la medición y cobro de los servicios hasta por 40 años.

La Ley, que ha sido rechazada por la mayoría de la población, así como académicos y especialistas, establece todos los elementos que necesarios en materia de infraestructura, especialmente aquellos que requieren los organismos operadores de agua, así como las que se necesitan a favor del Acueducto III, aseguran los legisladores.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LX Legislatura, Germain Garfias Alcántara, pretende justificar la nueva Ley diciendo que se estableció un apartado con acciones en favor del cuidado del agua, así como para ayudar al uso racional, adecuado y responsable del agua, así como medios conciliatorios bien definidos para resolver controversias entre usuarios y organismos operadores de agua y que que los macro medidores de los condominios ya no sean factor para realizar el cobro individual.

“No se tomó en cuenta a las voces que reprueban que, con la ley, únicamente se busca regular e incrementar las concesiones, pero no busca normar temas torales, como son cuidado de agua o el derecho humano al acceso del agua. Es una ley que pretende hacer operativa la administración, es una privatización, estamos avisados”, dijo al respecto Armando Sinecio Leyva, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Así, ante la perspectiva de que esta iniciativa sea aprobada por la mayoría panista en el Congreso local, diversos grupos de la sociedad advirtieron sobre protestas en contra de esta pretensión privatizadora del vital líquido, ya que la consideran privatizadora del servicio además de inconstitucional, porque la única instancia que puede otorgar concesiones es la federación.

La ambientalista Pamela Siurob señaló por su parte que los desarrolladores inmobiliarios han constituido 22 organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Opsa), figura mediante que comercializan el agua de la Nación, sin contar con la necesaria concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Les damos una carta abierta para que se siga desarrollando Querétaro sin tener factibilidad de agua. Para cambiar el uso de suelo te piden factibilidad de agua. Si un organismo privado tiene la facilidad de otorgar, según esta ley, entonces se van a abrir nuevos desarrollos sin contar realmente con el líquido necesario para sus habitantes”, indicó Siurob.