16-01-23
Por Laura Cevallos @cevalloslaura
Pues resultó que la FES Aragón aclaró que, en efecto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, es quien plagió la tesis con la que ese tituló y que el autor original es aquel que supuestamente había juramentado ante notario público, haber sido quien había tomado el material de la tesis de Yasmín Esquivel. Pero que no pueden hacer nada y mejor que sea la SEP la que se eche el tiro de quitar al título la validez.
Ya habíamos escuchado al abogado general de la UNAM en tiempos de Yasmín, el licenciado Enrique Andrade, que explicaba que, de acuerdo con el reglamento de la UNAM, no se tienen facultades para retirarle a una persona el título con el que acreditó la licenciatura; de hecho la presentación de la tesis era sólo uno de los 2 requisitos necesarios para la titulación: la primera parte era la presentación de la tesis, que además tiene diferentes pasos, entre los que estaba la escogencia del tema, la revisión del contenido, la aprobación de la tesis, y luego de parte del Comité de Tesis de la UNAM, la revisión de la autenticidad y originalidad del documento y las demás instancias que se involucraban en ese procedimiento. La segunda parte que consiste directamente en la presentación del examen de sustentación de conocimientos ante los sinodales, que son las personas que examinan físicamente los conocimientos de quien presenta tal propuesta y a la que le preguntan de cabo a rabo de qué se trata el tema que ha estado preparando y estudiando durante los últimos 2 semestres de su carrera universitaria.
En conclusión, este licenciado explicaba que la máxima casa de estudios no tiene derecho de retirarle a una persona el título, aun cuando se haya comprobado que la tesis con la que obtuvo el grado fue un plagio, y que, en dado caso, debe ser el Tribunal Universitario el que delibere qué deba hacerse, y estamos justamente en esa en esa etapa. Sin embargo, la UNAM mandó a decir que le tocaba a la SEP hacer el trámite de retiro, para evitar la responsabilidad.
En contestación, el Secretario de Gobernación, señaló:
“El pasado 12 de enero de este año la secretaria de Educación Pública recibió una comunicación, un oficio, el número 3/2003/0011, firmado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, mediante el cual anexa el acta de un comité que se llama Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en relación con el caso del supuesto o presunto plagio de un trabajo de tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel, es la resolución de ese comité.
Y anexa también la opinión del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay ninguna facultad, no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el caso que nos ocupa, y le pide a la secretaria de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión.
Ante ello, la secretaria de Educación Pública presentará, enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hay instancias que, en este caso, deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces, se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución.”
Con estos elementos, ¿qué debería pasar? La UNAM tendría que presentar esa denuncia y, en caso de prosperar, solicitar la inhabilitación de ese título ante la oficina de profesiones, a nombre y en representación de la Universidad; podría ser que la Ministra apelara a tal determinación y entonces estaríamos ante un juicio ante el propio Poder Judicial, donde se debería resolver entre ambas partes. Situación inédita en tiempos interesantes.
Ahora bien, la cosa del plagio no nada más es el hecho mismo de haber descubierto que, la hoy ministra, utilizo en un 90% el trabajo de otra persona para titularse, que ya es en sí grave. Pero se avizora una revisión profunda hacia adentro de la UNAM y al pasado, pues se infiere que por años, los diferentes organismos de encargados de la titulación han otorgado “facilidades” para titularse con tesis de contenido idéntico sin mayor problema. Y es que hay que aceptar que hoy, Yasmín Esquivel es una mujer poderosa, pero no así, hace 35 años, cuando ella era sólo una estudiante que probablemente tenía el dinero para poder comprar el material pero no tenía el poder para exigir que se le otorgará un título. Me refiero a las facilidades que la directora de la tesis y los mecanismos de la propia UNAM ofrecían a quien pudiera pagarlos. Y en la actualidad, habría que revisar de qué maneras la hoy Ministra presionó a personas y en diferentes instancias para autenticar algo que ella sabía que era apócrifo.
Por parte de la UNAM, es necesario saber quién le filtró a Sheridan ambas tesis para que publicara el plagio, y más aún, conocer las razones por las que era necesario quitarla del camino, aunque las inferimos con bastante claridad: no permitir que alguien allegado a las ideas del Presidente López Obrador, presidiera el Máximo Tribunal, por más que se alegue imparcialidad. Lo intentaron por años con su esposo, pero como nada se logró, fueron a buscar con qué atacarla y lo encontraron.
Y es que es increíble imaginar que Sheridan, tan ajeno a las instalaciones universitarias, por no dar clases ni ser un asistente asiduo a ella, supiera exacta y precisamente qué tesis había que denunciar. Querían ganar y lo lograron: ahora, la exigencia “general” es que “la ministra que se tituló de forma poco legal, renuncie a su cargo” por aquello de la buena apariencia, sin tomar en consideración que la trayectoria de la funcionaria, en todo caso, habla por sí misma y demostraría que los conocimientos de esa tesis han sido rebasados abismalmente por los años de práctica judicial que la respaldan.
Para los pulcros opositores, no se puede tolerar que pueda seguirse ostentando como ministra, ya que tiene como misión declarar la legalidad en casos donde se pone en consideración el derecho de las personas, o la legalidad de las sentencias del poder judicial. Idealmente, este es un antes y un después en la forma que se revisa la legalidad para acceder a puestos que requieren respaldo intelectual, y es que en el pasado tuvimos un Presidente plagiario y a otro que se tituló con el Plan de Gobierno del Estado que había “gobernado”, aunque no lo elaboró él, pero bastó para que la “universidad patito” donde “estudió” le concediera la gracia de titularse. Como se trataba de Presidentes se les perdonaron los deslices.
Ahora la UNAM está en una coyuntura importante: en estricto respeto a su autonomía, y debiendo aplicar su reglamento interno sin apoyo de ninguna otra autoridad, debe responder a la exigencia que dar no sólo la apariencia legalidad sino una respuesta que satisfaga la necesidad de un país que está en reconstrucción particularmente en el tema de los valores morales. También esperamos una postura de la Suprema Corte que debe resolver qué hará con una ministra acusada de plagiar una tesis para titularse, y luego, que hizo uso de diversos actos de presión para obligar a una persona a aceptar una culpa por un delito que no cometió, en caso de que se decrete retirarle el título; que ocurrirá con la maestra de esta tesis y otras 500 pues ya podemos dudar de su originalidad y con todas las instancias relacionadas con el trámite de titulación; qué sucederá con la denuncia que presente el tribunal universitario… A preparar palomitas que este episodio se antoja largo y escabroso. Ya veremos que sucede.
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