Antes de empezar quiero dejar perfectamente claro, patente y evidente que no me referiré a nadie en función de su género, sino exclusivamente en su calidad de persona en el desempeño de sus labores como servidor o servidora públicos.

En recientes fechas, diversas legisladoras opositoras a la presente administración, coludidas con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han intensificado la guerra jurídica que, desde hace cuatro años, mantienen en contra del actual gobierno, así como las y los legisladores de Morena.

Esta confrontación legal, abusando del sistema legal y de las leyes en contra de la mujer, es realizada mediante la denuncia sistemática de cualquier expresión, por inocua e inocente que sea, interpretándola como si se tratara de violencia política en función de género.

Pero lo más grave de esta vilificación de la lucha contra la violencia de género sufrida por muchas mujeres en nuestro país, es que las legisladoras de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), abusan del sistema legal, amparándose en su fuero, secundadas por el INE y protegidas por el TEPJF.

De esta manera, esas legisladoras han emprendido una batalla frontal y directa, ya no solo contra las y los políticos que conforman la coalición obradorista, sino contra los ciudadanos comunes y corrientes que simpatizamos con la cuarta transformación, quienes, haciendo uso de su derecho inalienable a la libre expresión de las ideas, consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicamos en redes sociales nuestras opiniones y puntos de vista.

Y es así que, por ejemplo, la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, perteneciente al PRD, demandó el 15 de julio pasado a este servidor ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, junto con otros 70 usuarios de la red social Twitter, por supuestamente haber cometido actos de violencia política en razón de género al haber contestado un mensaje de la diputada Andrea Chávez que contenía la opinión de ésta en referencia a unas declaraciones de Sodi Miranda.

El mensaje de la diputada Chávez, publicado el 24 de noviembre de 2021, señalaba, sin mencionar el nombre de quien se trataba, que “una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica ‘no debe dedicarse a fomentar la cultura’”, lo cual, además de ser una interpretación propia de lo dicho por la diputada, hace referencia exclusivamente a la capacidad de una persona, independientemente del género de la misma.

Al mensaje publicado por la diputada Andrea, éste servidor respondió que “Les aterra tener un pueblo culto e informado”, evidentemente haciendo una expresión muy general, dirigida a todo aquel que concuerde con la noción de que el Fondo de Cultura Económica no debe fomentar la cultura, sea cual sea su puesto, posición, área de desempeño o género.

Sin embargo el INE, ante tan atrevida aberración jurídica, decidió proseguir el proceso, notificándome, el 16 de julio del año en curso, de que debía comparecer para defenderme de tan absurdas acusaciones.

Pero resulta que, habiendo explicado que en mi respuesta al mensaje publicado por la diputada Chávez no existe referencia alguna al género de ninguna persona, pues al ser un comentario generalizado no estaba dirigido a ninguna persona, pero que además mis comentarios estaban expresamente protegidos por la Constitución, el TEPJF, en su infinita sabiduría, decidió interpretar mis palabras señalando que “esta expresión, aunque parezca general, implícitamente le señala (a la diputada Sodi Miranda) que no tiene conocimiento”, con lo cual me sentencia culpable de violencia política en función de género.

Pero lo más sorprendente es que su propia interpretación de mis palabras ¡tampoco hacen alusión al género! Sino a una falta de conocimiento de una persona, cualquier persona.

Y ahora, de acuerdo a lo que indica la sentencia del TEPJF, debo borrar el tuit, pagar casi dos mil pesos de multa y tomar un curso de “violencia de género” que puede llegar a costar más de dos mil pesos, pero también me obligan a humillarme, pues debo publicar todos los días una “disculpa” a la diputada Gabriela Sodi, además de un extracto de la sentencia con las exactas palabras que ellos dictan.

Pero desafortunadamente no soy la única víctima de esta guerra sucia emprendida por las diputadas de oposición directamente ya en contra de la ciudadanía, pues tan solo en esta demanda nos encontramos más de 70 afectados, amén de otras similares, emprendidas por diputadas del PAN y del PRI, que se sirven de la ley para tratar de silenciar a quienes las critican.

Y así también el INE, se suma a la agresión directa a la población, seguidos por el TEPJF, a quienes no importa pasar por encima de la Constitución, todos ellos con la ruin encomienda de acallar a las personas que no estamos de acuerdo con su desempeño.

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