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Una vez más, la Organización de los Estados Americanos (OEA) toma posición en contra del interés de los ciudadanos del país anfitrión, tal como lo ha hecho en otras naciones latinoamericanas, al mencionar en su Informe Preliminar de la Misión de Visitantes Extranjeros en México, creada para “observar” el ejercicio democrático de la consulta para la revocación de mandato, que se encuentran “preocupados” por “las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE”.

La organización afirmó que, en su opinión, estas campañas “aumentan la polarización” y “menoscaban la democracia”, sin embargo no hacen mención alguna sobre las constantes violaciones a la equidad y en contra de la imparcialidad de varios consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al publicar expresiones en contra de la consulta o participar en foros dedicados a criticar el ejercicio y denostar a la actual administración.

La misión de la OEA hace referencia al clima de tensión observado, pero absuelve de toda culpa a la oposición y a los árbitros electorales, por lo que sus conclusiones son totalmente parciales, pues cita como ejes de discusión la regulación de la revocación, cuando fue evidente que se trató de una muy particular interpretación de la misma por parte del INE; el presupuesto del Instituto, que fue determinado por la actual legislatura y confirmado por la SCJN y la cantidad de casillas instaladas, punto que fue claramente violatorio de los derechos de los ciudadanos.

La OEA considera, en un punto que se podría considerar injerencista, que el sistema electoral mexicano se caracteriza “tanto por su fortaleza en la administración de los comicios como por contar con un robusto sistema de justicia electoral, con autoridades autónomas y especializadas en su materia” y que, aunque el sistema electoral es perfectible, “las reformas que sean introducidas deben apuntar a fortalecer al organismo y no a restarle autonomía o capacidad técnica”.

Finalmente, el documento de la OEA reitera su apoyo al INE y a sus consejeros, aún por encima del reclamo popular a la muy deficiente actuación de los mismos, invitando a “resguardar la independencia de la autoridad electoral y evitar presiones que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones”.