Insiste Magistrado eliminar prisión preventiva oficiosa “No estoy de acuerdo”, señala AMLO
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar intenta nuevamente legislar desde el Poder Judicial, al presentar una ponencia que pretende eliminar la prisión preventiva oficiosa mediante una supuesta “interpretación conforme en sentido amplio” de la Constitución federal.
Y es que ya desde el mes de septiembre había pretendido eliminar esta figura, que protege tanto a jueces como a las posibles víctimas en contra de la extorsión o amenazas y favorece principalmente a los delincuentes llamados “de cuello blanco”, como estafadores, factureros o funcionarios corruptos. Sin embargo, en el anterior intento, fue frenado por sus pares, quienes votaron por mayoría en contra del proyecto.
Esta nueva intentona de golpe en contra del Congreso de la Unión se discutirá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 22 de noviembre, conteniendo una trampa del ministro Aguilar Morales, quien, de manera escurridiza, ya no propone la inaplicación del artículo 19 constitucional, sino interpretarlo de tal forma que la preventiva oficiosa no sea considerada automática.
Pero, al modificar la Ley de forma que la prisión preventiva sea discrecional para cada juez, se abre la puerta para el chantaje y la corrupción, pues los presuntos delincuentes podrán ofrecer grandes cantidades a cambio de que no les sea dictada esa medida.
Y es por todo lo anterior que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, durante la conferencia mañanera de este jueves, que “No estoy de acuerdo con eso, desde luego, somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero mira lo que están proponiendo, que los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad para los facturemos, pero no le hace. La Corte, otra vez, de veras, es vergonzoso”.
El mandatario sostuvo que, como esta iniciativa permitiría que ya no les aplicaría esta figura a los delitos fiscales como contrabando, factureros y defraudación, se estaría protegiendo a los delincuentes “de cuello blanco” y echaría abajo el esfuerzo de la actual administración de tipificar como delito grave el actuar de los factureros, además de que, con esta propuesta, se quiere disfrazar la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, dejando en manos de los jueces aplicarla bajo un análisis caso por caso.
“Nada más porque son potentados, o de cuello blanco, ¿qué no tienen otras cosas que hacer?, ¿qué no hace falta que haya justicia para el pobre?, ¿por qué sólo están dedicados a proteger a los potentados y, además, corruptos? Nos costó muchísimo que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal. Era vergonzoso lo que sucedía y hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales, con facturas falsas, haciendo transacciones millonarias, ofreciendo: tú tienes que pagar tanto a la Hacienda pública, tienes que pagar 100 millones, pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsas de que no pagues”, agregó.
Por su parte, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, señaló que los delitos fiscales sí deben considerarse en la prisión preventiva porque afectan el interés público y las finanzas nacionales y reiteró que dejar a criterio de los jueces aplicar o no esta figura abriría la puerta actos de corrupción entre juzgadores y abogados defensores.
“El proyecto quiere echarlo abajo, además, modificando por la puerta de atrás, de manera fraudulenta, la Constitución, porque ellos ya quieren interpretarlo que es una prisión oficiosa. Ahora, le quieren decir que no es automática, que hay que estarla alegando en cada caso a criterio del juez, lo que, como se ha dicho en otros casos, puede dar motivo a corrupción y contubernio”, aseguró.