Morena propone eliminar 14 fideicomisos del Poder Judicial; pero la Corte los defiende
Los diputados de Morena presentarán una iniciativa para eliminar la mayoría de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en su conjunto suman más de 21 mil millones de pesos, así lo informó Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada durante una conferencia de prensa.
La propuesta morenista busca reformar la Ley Orgánica del PJF con respecto a los fondos y fideicomisos, conservando únicamente aquellos que estén previstos en la legislación.
Durante su conferencia de prensa, el diputado Mier Velazco denunció los salarios de los ministros, argumentando que reciben un salario mensual de 297 mil 403.77 pesos, y otras compensaciones.
Asimismo, afirmó que los seis fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alcanzan los 6 mil 99 millones de pesos, lo que representa 469 millones adicionales a su presupuesto para el presente año que es de 5 mil 630 millones de pesos y ninguno de ellos están dentro de lo que establece la ley.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió la existencia los fideicomisos y destacó que no se financian con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De los fideicomisos que se pretenden eliminar, dos corresponden a pensiones complementarias de mandos superiores, mandos medios y personal operativo de la Corte. Estos fideicomisos están diseñados para fortalecer las pensiones a las que tienen derecho los empleados del tribunal, complementando las otorgadas por el ISSSTE. Para acceder a estos fideicomisos, se requiere un mínimo de 30 años de servicio.
El fideicomiso llamado “Mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces” afirman, no se destina a propiedades privadas. “Su objetivo es el mantenimiento de inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal utilizados por titulares de órganos jurisdiccionales federales que cambian de residencia debido a su adscripción”. Además, señalaron, este fideicomiso no se financia con recursos públicos, sino con aportaciones individuales de los titulares de órganos jurisdiccionales, apuntó.
Con información de Aristegui Noticias.