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La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acudió al Senado de la República para aclarar dudas sobre el Paquete Fiscal del ejercicio 2022, estableciendo en primer lugar que se abusa del lenguaje cuando la gente se refiere al “terrorismo fiscal”: “Si a un niño le hacen un examen nadie dice que es terrorismo educativo y reprueba y lo hacen repetir el año. Si a un asesino, a un narcotraficante se mete a la cárcel, tampoco es terrorismo penal, entonces tampoco puede ser considerado terrorismo fiscal”.

Explicó también que tiene dos objetivos: generar una cultura fiscal para que todos paguen impuestos y acabar con la evasión de impuestos que algunas personas físicas cometían con la simulación de donativos.

Con respecto a los jóvenes, la intención es hacerlos conscientes de que tienen que contribuir con su país, “porque el principal problema que nos enfrentamos y nos dimos cuenta es una cultura del no pago”.

“Nosotros observamos mucho robo de identidad por parte de empresas fantasmas y facturases, que usan el RFC de jóvenes entre 18 y 20 años y gente mayor de entre 85 y 90 años. Estos son los sectores que escogen estas empresas, que son perfiles que no tienen actividad fiscal y les roban la identidad para meterlos como socios de empresas que mueven miles de millones de pesos. Ahí lo que nosotros queremos es que todos se registren para evitar este robo de identidad”, detalló.

“Es el modelo que utilizan las factureras, muchos de ellos empiezan con contratos y con servicios con el Gobierno, de hecho muchas veces lo que hacen es que tiene servicios con el gobierno, supuestamente tiene un número de empleados y la verdad es que lo operan con el 55 por ciento o el 25 por ciento, y el gobierno paga dinero de más. Ese dinero se va a unas nóminas las cuales bajan el recurso, supuestamente a personas físicas y es ahí donde viene el robo de identidad porque nosotros tenemos personas de 18 años que cobran en Yucatán, Sonora, Sinaloa, Baja California y que al mes reciben ingresos por 80 millones. Cuando vamos a investigar dónde está la persona, resulta que la persona vive en una comunidad rural”, explicó.

Y sobre el tope de donativos a organizaciones sociales por parte de personas físicas, la Jefa del SAT explicó que no se limitan las capacidades de las organizaciones sociales para recibir donativos, sino el abuso, sobre todo por parte de grandes contribuyentes, que utilizan la deducibilidad para eludir el pago de sus contribuciones.

Muchos de ellos crean sus propias organizaciones a quienes otorgan grandes donaciones, que disminuyen sus reportes de utilidades y las convierten en recursos deducibles, o también dotan a esas asociaciones creadas por ellos mismos de robustas cargas burocráticas que les permiten exagerar los costos, desviando así las utilidades de las empresas.

Quizá el método más común es que “Por ejemplo, toda la gente dona, por buena fe, y no pide comprobantes fiscales y se va haciendo una bolsita de recursos donde nadie exigió un comprobante fiscal, y de repente todo ese recurso una persona física lo abona y esa persona aparece como la beneficiaria de esta deducibilidad de impuestos”, explicó la funcionaria.

Otro ejemplo, agregó, “es que yo soy un empresario, tengo mi dinero y mi fundación es un museo, compro obras de arte y esas obras las dono y la fundación es mía y las exhibo. Pues sí, pero eso es acaparar tu dinero y tus activos en lugar de tenerlos como persona física y moral y pagar tus impuestos porque eso es un ingreso que se va una fundación para acreditar el gasto. Tenemos otros donativos de que una persona dona y con ese dinero la fundación le compra productos a su empresa y luego esa empresa le vuelve a donar. O sea son casi casi como adjudicaciones directas y además es una promoción de marca”.

Raquel Buenrostro señaló que a la gente se le exige cumplir con sus obligaciones fiscales, “no se les pide más ni menos, simplemente cumplir con la ley con estricto apego a derecho”.

Finalmente dijo que existen 10 mil donatarias autorizadas para tener beneficios fiscales, y puntualizó que la reforma recién aprobada, “sólo afectará a una o dos que no tienen que ver con temas sociales”.

Detalló que se trata de “fundaciones familiares” en la que participan siete personas que el año pasado “inventaron” donaciones por 732 millones de pesos.

Con información de Reporte Índigo