Los que están creando el Estado de Derecho y los que lo que lo usan para beneficio propio

Hemos visto en los últimos días, declaraciones y acciones que, no obstante invocar el orden constitucional, significan más bien un obstáculo para alcanzar el verdadero Estado de Derecho que los mexicanos anhelamos.

Primeramente, el poder judicial, en una interpretación válida pero muy cargada a favor de los intereses conservadores, otorga amparos que frenan la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Además, frenan la actividad en los terrenos de Texcoco donde se canceló definitivamente el nuevo aeropuerto internacional, planeado por la administración neoliberal de Peña Nieto y los empresarios más poderosos del país.

Ese espacio estaba en vías de reaprovechamiento y el amparo que extiende un juez, impide seguir adelante.

Por otra parte, Porfirio Muñoz Lerdo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señala que el manejo del momento crítico que vive el país, por la amenaza de aranceles a nuestras exportaciones, por parte del gobierno de Donald Trump, está fuera del marco de la ley.

En materia de migración, la competencia recae en la Secretaría de Gobernación y no en la de Relaciones Exteriores. Se está violando la Constitución. Y si a eso aunamos que México puede convertirse en tercer país seguro, la gravedad aumenta.

Sobre esto vamos a hablar hoy.

En el primer caso, estamos siendo testigos de un intento más de la clase conservadora, por imponer su agenda de grupo a un gobierno al que le resulta imposible manipular, o corromper.

Durante el neoliberalismo, bastaba con compartir una pequeña tajada del pastel a las autoridades en turno, o pagar en efectivo el favor solicitado, para que sus proyectos prosperaran sin dificultades.

Hoy es distinto. La corrupción no es aceptable para el gobierno de la Cuarta Transformación. Les cerraron la puerta a los empresarios corruptos.

Sin embargo, estos grupos de poder cuentan aún con aliados que pueden intentar favorecerlos, con medidas legales que impiden el avance del país, en beneficio de los intereses de quienes promueven acciones desesperadas.

Para nadie es un secreto que existen jueces en todo el país, que lucran deshonestamente con el cargo que les fue conferido. Brindar justicia clara, es la encomienda que se da a quienes trabajan dentro del poder judicial. Y esto, no siempre se cumple.

Empresarios poderosos como Claudio X González Guajardo, o menores como Gustavo Adolfo de Hoyos Walther mueven sus fichas, con la intención de frenar el avance de la Cuarta Transformación. Quieren a toda costa la reactivación del proyecto aeroportuario de Texcoco, donde hay invertido mucho dinero en bienes raíces.

No les interesa el aeropuerto en realidad. El negocio que planeaban con los terrenos que rodean la obra, es lo que están defendiendo.

Que algunos de los jueces que han otorgado estos amparos, hayan sido señalados como “clientes frecuentes” que dictaminan invariablemente en favor de los empresarios, es significativo y preocupante ¿Por qué toca siempre a los mismos jueces, atender los casos de estos quejosos? ¿Por qué las sentencias son siempre a favor de estos empresarios?

El ministro presidente d la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció hace poco la falta de pulcritud de determinados jueces, al sentenciar con parcialidad, en favor de determinados intereses. Hay investigaciones, dijo.

En el caso de la detención de las obras en Texcoco, hay una interpretación muy forzada de la ley.

Que se suspendan trabajos en Santa Luía mientras se tienen estudios completos, se entiende. Lo demás, tiene una argumentación jurídica muy forzada. No hay claridad.

Por otra parte, en lo que respecta a las declaraciones y posición personal de Porfirio Muñoz Ledo, respecto a que el asunto de la migración compete a la Secretaría de Gobernación, hay que precisar algunas cosas.

Muñoz Ledo tiene razón. Gobernación es la dependencia pública responsable del ingreso, tránsito y salida de nacionales y extranjeros, dentro de nuestro territorio. Es un mandato constitucional.

Pero aclaremos. Lo que sucede en estos momentos en México, generó una situación muy compleja, que requiere medidas urgentes y especiales que eviten poner en peligro la economía nacional.

Las amenazas sobre incrementos de aranceles a nuestras exportaciones, fue un problema que nació sin previo aviso.  Una semana tuvimos de plazo para construir la estrategia que enfrentamos a la política violenta de Donald Trump.

Y no obstante eso, salimos adelante.

No se ha firmado convenio o tratado alguno con Estados Unidos. México no es tercer país seguro, ni de hecho, ni de facto. El acuerdo alcanzado es por solo cuarenta y cinco días y tiene que ver con resultados en cuanto a disminución de flujos migratorios.

Hay un grupo multidisciplinario creado para tal fin, donde participa un subsecretario de gobernación, quien atiende lo relativo al ingreso, tránsito y salida de persona. Está un jefe de zona de la Guardia Nacional, quien verá lo relativo a los operativos para brindar seguridad y verificar el orden en la frontera sur, pero no como única actividad, sino como una función más, dentro de la agenda que tiene encomendada la Guardia. Nacional en el sur del país. Hay gente de la Secretaría del Trabajo del Instituto Nacional de Migración y de otras dependencias que participan en el ordenamiento de la muy porosa frontera sur. Que Marcelo Ebrard coordine todos estos trabajos, no implica usurpación de funciones. Es uno más en el equipo y aporta lo que tiene que ver con lo acordado en las pláticas con el vecino del norte.

Si hay, más adelante, una propuesta de Estados Unidos para que México actúe como tercer país seguro será el senado mexicano quien vote y determine lo que proceda al respecto.

Las funciones actuales de Marcelo Ebrard, o los asuntos sobre competencias entre dependencias públicas, no son los problemas que deben preocupar en estos momentos a las autoridades, representantes y sociedad en nuestro país.

El enemigo real, se encuentra del otro lado de la frontera norte.

Para concluir: Hay empresarios, que están identificados con los antiguos poderes fácticos, que no quieren que las cosas cambien. Hay jueces corrompidos que los apoyan.

¿Qué debemos defender en estos momentos? ¿Un Estado de Derecho que no ha funcionado por años? ¿O limpiar con urgencia al poder judicial, permeado por la corrupción?

Los fallos judiciales a favor de los antiguos poderes neoliberales son insultantes. La sociedad mexicana quiere jueces honestos. Es urgente que el ministro Zaldívar haga aseo dentro de este poder de la nación.

En cuanto a lo expresado por Muñoz Ledo, es claro que, aun teniendo razón el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, en lo que a la letra dice la Constitución, el espíritu de la misma no se viola con la creación del grupo multidisciplinario. Todas las dependencias están bien representadas y cada una de ellas atiende lo relativo a su área de competencia. Problemas urgentes, requieren medidas de emergencia.

Lo importante en estos momentos, es sacar al país adelante.

Fortalecer instituciones y apoyar las disposiciones del ejecutivo, son la única vía.

Malthus Gamba