A medida que la transformación de México se enfoca en priorizar el interés general sobre los de grupos dedicados al robo de los ciudadanos, la corrupción rampante que prevalece en el poder judicial se hace cada vez más evidente y descarada.
Aunque el problema de jueces recibiendo dinero a cambio de favores, se puede apreciar en todos los niveles de la administración de justicia a lo largo y ancho del país, algunos de ellos se han convertido en las estrellas del tubo judicial.
La reina indiscutible del antro es el titular del juzgado 2º de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, célebre por favorecer a los consorcios energéticos afectados por las políticas gubernamentales en la materia, mientras le colocan un billetito de 50 pesos en la toga, quien otorgó una nueva suspensión a favor de 10 empresas que se resisten a aceptar el esquema de compras de gas natural, emitido en junio pasado por la Secretaría de Energía para garantizar el suministro en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, que impidió el año pasado la entrada en vigor de las reformas a la Ley Eléctrica y la aplicación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Otro que baila al ritmo que le pidan, es el juez 6º de distrito en esa misma materia, Francisco Javier Rebolledo Peña, quien declaró inconstitucional y concedió un amparo a Monsanto, para suspender el decreto presidencial de diciembre de 2020, que prohíbe el uso del glifosato y maíz transgénico, en una decisión aberrante y perniciosa para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud de la población.
En el juego de escoger bailarinas complacientes, el juez Ramón Lozano Bernal se metió en un privado con los ejecutivos de Iberdrola, donde en un baile más íntimo, les otorgó una suspensión para que mientras se lleva el proceso, no paguen su multa por más de 9 mil millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía, por ventas ilegales a terceros de energía generada en la modalidad fraudulenta de autoabastecimiento.
Así han habido otros que hasta se revolcaron con los abogados de Claudio X, como René Ramos Pérez juez 10º de distrito en el Estado de México y Juan Carlos Guzmán Rosas, juez 5º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quienes con argumentos disparatados fallaron más de cien amparos promovidos para impedir la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, retrasando durante meses el inicio de las obras, o los que ahora se sientan en las piernas del grupito de corruptos que presentó los amparos contra el Tren Maya, los cuales ya no les servirán de nada al declararse como proyecto de seguridad nacional.
Todos estos mercenarios baratos, lejos de facilitar el cumplimiento de las leyes vigentes y el funcionamiento de las instituciones, insisten en impedir la aplicación de un programa de gobierno que fue ampliamente respaldado por la mayor parte de la ciudadanía. La lluvia de amparos otorgados a corporaciones y parásitos voraces disfrazados de sociedad civil, es una muestra de los aspectos de la transformación que más ha resentido la oligarquía que se quedó sin negocios nocivos y perjudiciales para el interés general, por las nuevas políticas de infraestructura, de energía, de protección al medio ambiente y de seguridad alimentaria.
El perjuicio que estas rémoras disfrazadas de jueces causan a la sociedad mexicana, aunque temporal, muestra claramente el camino que hay que seguir para terminar de limpiar de corrupción al estado mexicano, algo que se está convirtiendo en una necesidad urgente e importante. Es hora de desmantelar el congal judicial, empezando por castigar a las estrellas del antro, para que sirvan de ejemplo a todo aquel que esté dispuesto a vender su amor.
Como dijo el escritor austriaco Karl Kraus “La corrupción es peor que la prostitución. La segunda podría poner en peligro la moral de un individuo, la primera pone en peligro la moral de todo un país”.
