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Debido a la crisis por la pandemia de coronavirus, aunada al incremento en las tasas de interés como respuesta a la acelerada inflación, que impacta en los intereses que se desprenden del endeudamiento público, la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública iniciará una campaña a nivel nacional para pedir a gobiernos federales y locales que suspendan por dos años el pago de intereses y costos de administración de la deuda pública.

La Promotora, así como la enorme mayoría de los mexicanos, consideramos a la deuda derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ahora Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), completamente ilegal, ilegítima e inmoral, que absorbe recursos que bien podrían redirigirse a programas productivos.

Y es con este objetivo que la organización  iniciará una campaña de información y recolección de firmas a nivel nacional y llevará la petición a gobiernos estatales y al federal, tanto en el Ejecutivo como Legislativo, para que se suspendan los pagos por el costo financiero de la deuda.

Héctor Torres González, integrante de la Promotora, señaló que “El Fobaproa es el gran fraude del siglo y hoy es un crimen que permanece impune”, por lo que es urgente dejar de lado el pago del IPAB, el cual se formalizó en la década de los noventa y se terminará de pagar en 2070.

Mónica Soto, otra integrante de la Promotora, enfatizó que, debido a que la economía aún no llega a los niveles previos a la pandemia, se cumplen con tres características en derecho internacional para exigir unas suspensión en el pago de la deuda: el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias y la causa de fuerza mayor.

Mientras que, por su parte, Magdalena Núñez Monreal, diputada federal por el Partido del Trabajo, recordó que se ha pagado ya tres veces el monto original del rescate bancario, a lo que Torres González agregó que por sus características, y de acuerdo con el derecho internacional, el Fobaproa es candidato a que se suspenda su pago pues se contrató “de manera fraudulenta” y para beneficio de grandes empresarios.

Y es que el pasivo creado por el rescate bancario suma ya los 13 billones de pesos, cifra que aumentará por el incremento en las tasas de interés, por lo que, además de suspender el pago de intereses durante lo que resta del presente año y todo el siguiente, para así liberar recursos que apuntalen la economía, la Promotora solicitará abrir auditorías que revisen toda la deuda contratada y se enjuicie a los responsables en caso de encontrar malos manejos.

Camilo Valenzuela, integrante de la Promotora, consideró que si se suspende el servicio de la deuda, cuyo costo financiero absorberá 869 mil millones de pesos y para 2023 rebasará el billón, se pueden desarrollar programas productivos, reactivar la economía, generar empleo permanente y reducir el subempleo y desempleo.