“Los esquemas de autoabasto son total y definitivamente ilegales”: Abogado general de la CFE

Durante el foro “Visión Social y Desarrollo Productivo de la CFE”, último de la serie celebrada en el marco del Parlamento Abierto, organizado por la Cámara de Diputados, el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Raúl Jiménez, señaló que “los esquemas de autoabasto son total y definitivamente ilegales” pues hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que esa actividad es para el autoconsumo, y que la generación para venta a terceros, “disfrazados de socios”, es contraria a la esencia y límites legales del autoabastecimiento.

El abogado explicó que los permisos de generación, que fueron posibles gracias a la reforma del 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y “que amparan ese fraude a la ley, son total y definitivamente ilegales”, además de que es falsa la versión propalada por voceros empresariales en el sentido de que la Corte había declarado válidos y legales los autoabastos irregulares.

Jiménez aclaró que, debido a que con anterioridad se había promovido un decreto a las leyes secundarias del ramo eléctrico, misma que fue refutada en los tribunales por los generadores privados, alegando controversia constitucional, hizo necesario que se presentara entonces como reforma a la Carta Mágna.

El funcionario detalló que la mayoría de las centrales tiene operaciones irregulares y venden energía a 77 mil “socios de paja” en un mercado paralelo que daña los intereses legítimos de la CFE, por lo que que no hay forma de resolver “esta trabazón de tipo judicial y la cerrazón absoluta en el sector privado de la industria eléctrica, si no es a través de una reforma constitucional”.

Así mismo, Raúl Jiménez señaló que el Capítulo 8 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) permite legislar de manera libre y soberana sobre la constitución de cada nación, por lo que no existe violación o conflicto alguno.

El abogado agregó que el modelo impuesto a la CFE ocasiona una pérdida económica de 438 mil millones de pesos y que los Certificados de Energía Limpia (CEL) han pagado 6 mil millones de pesos a 335 mil centrales privadas y si siguen vigentes en 20 años serán 100 mil millones de pesos.

Pero además, debido a que la CFE, al ser un organismo del Estado, preserva los intereses de la nación y de visión social que actuará en beneficio de los que menos tienen y a que la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE absorberían las funciones de estos organismos reguladores autónomos, no existen riesgos de “contrapesos” en la desapariciónde la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (CNCE).