Bajo la argucia de que había riesgo a la seguridad pública, en 2010 el gobierno del panista Felipe Calderón otorgó por “adjudicación directa”, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciarios en el país, lo que obliga al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por más de 199 mil millones de pesos, a razón de 9 mil millones de pesos por año.

En informes de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2011 y 2015 (últimos dos años del gobierno de Calderón y los primeros tres de Peña Nieto), se autorizaron 63 convenios modificatorios a los ocho contratos, lo que permitió que las empresas tuvieran prórrogas y canonjías para el diseño, construcción, instalación y equipamiento de los centros federales.

Los nuevos plazos y condiciones autorizados por Calderón y Peña a los grupos empresariales, elevaron el gasto del gobierno federal en un 42%, al pasar de 9 mil millones de pesos anuales a 13 mil millones, lo que amplía el robo al erario federal hasta 281 mil millones de pesos.

Para que nos demos una idea de la magnitud del robo calderonista, a estos precios cada penal está costando 35’125 millones de pesos, que es casi el triple de la cantidad que costó construir la torre BBVA de Reforma, el segundo edificio más alto del país, presumido por este banco a nivel mundial. Es decir, que con el dinero de los 8 reclusorios podríamos construir 22 torres como la de Bancomer.

Lo que está costando cada penal, es mayor a la cantidad que representa todo el presupuesto anual del Estado de Morelos; el dinero destinado a las 8 cárceles equivale también a una cantidad mayor de la que recibirá la Ciudad de México en su presupuesto anual de 2023, para pagar sueldos y dar todos los servicios a más de 24 millones de habitantes que conviven ahí.

Pero esto no es todo. Los contratos que firmaron Calderón y Peña con sus amigos oligarcas a los que les entregaron este bonito negocio, obligan al gobierno federal a pagar hasta 5 mil pesos diarios durante 22 años por cada lugar disponible para albergar un preso en esos penales, sin importar que ese lugar esté ocupado o no por algún interno.

Si consideramos que hoy en diciembre de 2022, la tarifa diaria para hospedar a 2 personas en una habitación con dos camas matrimoniales y una sala, en uno de los hoteles de lujo más caros de la ciudad de México como el Hyatt Regency, es de menos de 5 mil pesos, con la cantidad que le pagamos a estos oligarcas por un lugar disponible en sus celdas frías, podríamos albergar cómodamente a 2 internos en un hotel de este nivel.

Ahí tendrían acceso a baño con tina y agua caliente, jabón, shampoo, crema, pasta de dientes, pantuflas, bata, limpieza de habitación diaria por la mañana con preparación de camas por la noche, cambio de sábanas diario, televisión con cable, teléfono, servicio de Wifi gratis, alberca, gimnasio, servicio médico, llamadas de despertador, desayuno, comida y cena cocinadas por un chef cordon blue y servidas por meseros elegantes, acceso al centro de negocios, servicio de mensajería, estacionamiento con vallet parking para los familiares que los visitan y los mexicanos no estaríamos gastando más de lo que hoy nos cuesta mantener a los presos en condiciones inumanas.

De este tamaño es el robo a la nación perpetrado por Calderón, García Luna y Peña Nieto solamente en el tema de los 8 penales, que con lo que están costando deberíamos poder presumirlos en Dubai. Esta es razón suficiente para que todos ellos, funcionarios y oligarcas, vivan el resto de sus días encerrados en esas mismos reclusorios que construyeron.

Sigamos el consejo de uno de los gurús de los fascistas de derecha que tanto admiran estos rateros, Mario Vargas Llosa: “A los bandidos y ladrones no debemos tenerles miedo, sino enfrentarlos con determinación hasta mandarlos a la cárcel, donde merecen estar”.

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Por Erika