¡Una más!

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, por el presunto delito de lavado de dinero en su modalidad de defraudación fiscal y tráfico de influencias por el caso Pandora Papers.

De acuerdo con Proceso, la UIF realizó un análisis respecto de personas mexicanas expuestas políticamente en los Pandora Papers, entre ellas Jesús Murillo Karam, actualmente se encuentra vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.

En la investigación de la dependencia se detectó que Murillo Karam posiblemente está relacionado con un esquema de lavado de dinero, pues una empresa familiar en la que su sobrino, yerno e hijos están registrados como socios, resultó beneficiada con contratos del Gobierno federal cuando éste encabezaba la PGR.

“La referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP (persona expuesta políticamente, Jesús Murillo Karam), tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT (Gerardo Ruiz Esparza), por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, señaló la UIF a través de un comunicado.

“Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar”.

También se informó que la empresa vinculada con la familia de Murillo Karam declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo cual resulta inviable al tener así ganancias mínimas, lo que contrasta con el número de contratos públicos que recibió y las operaciones financieras que realizó frente a lo que declaró a Hacienda y se identificó el envío y recepción de recursos con empresas previamente identificadas por las autoridades como fachada.

En tanto, el exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco.

Por ello, señaló que el pasado 14 de noviembre denunció ante la FGR al exfuncionario por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y tráfico de influencias.

Con información de Proceso.