Hay dos resoluciones relevantes que esperan decisión por parte del Poder Judicial.
Por una parte, está el asunto relacionado con la salida del Instituto Nacional Electoral, de Edmundo Jacobo Molina. Al desaparecer la Consejería Jurídica dentro de ese organismo autónomo, las funciones que desarrollaba el exfuncionario, concluyen también y su presencia por tanto, se hace innecesaria.
Como Edmundo Jacobo es la “piedra angular” en el operativo electoral que concluye finalmente en señalamientos de fraudes, que se construyen o validan dentro del mismo instituto, es natural que el conservadurismo que domina en el INE, haya puesto el grito en el cielo y presentado de inmediato una inconformidad ante el Tribunal Electoral, que forma parte, o es el otro brazo operativo, del lo que ya se denomina públicamente como La Mafia Electoral.
Recordemos que en las elecciones pasadas, fue un escándalo ver como Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cenaba, abrazaba y besaba a la entonces candidata priista a gobernadora en Hidalgo, Carolina Viggiano. Todo quedó registrado en imágenes tomadas al interior y exterior de un restaurante en Polanco.
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, atendiendo a las últimas encomiendas que dispone el alto mando conservador, no acuden a la Suprema Corte de Justicia, para que se determine si la salida del “amigo”, está o no apegada a la Ley.
Acuden al Tribunal Electoral, porque tienen prisa en este asunto y quieren dejarlo arreglado antes de su salida definitiva del INE, de donde se marcharán cantando de contentos, con la millonaria liquidación que ellos mismos se autorizaron.
Acudir a la Corte y esperar la respuesta, lleva tiempo. En cambio, un fallo del Tribunal puede salir por la vía exprés, sin mucha dilación. Hemos visto como los integrantes de ese tribunal, despachan en piyama y aún medio dormidos, cuando los asuntos por resolver, le urgen a Claudio X y a su gente.
En ese tribunal figura la magistrada Janine M. Otálora, que tendrá a su cargo el asunto y que se ha dedicado a últimas fechas a dinamitar el nombramiento de nuevos consejeros en el INE, en donde a toda costa quiere (o quieren sus patrones), que el nuevo consejero presidente sea de filiación neoliberal y por tanto corrupta.
La intención es que Edmundo Jacobo pueda de alguna manera reincorporarse al INE, para cubrir las espaldas a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a partir de abril próximo, cuando estos dos corruptos abandonen sus respectivos cargos.
Edmundo Jacobo no fue despedido injustificadamente, ni se trata de una disposición dirigida específicamente hacia su persona. El “Plan B” electoral, elimina su área de trabajo y nada más. Y al no haber funciones que desarrollar, la presencia de este funcionario no tiene razón de ser.
El argumento de Lorenzo y Ciro es falso de entrada, ya que alegan que se ataca al empleado en sus derechos individuales, cuando únicamente se realiza una reestructuración administrativa, que elimina funciones y el espacio donde laboraba.
Hay que estar muy pendientes de la decisión que tome el tribunal y las razones en las que fundamente su fallo.
Por otra parte está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Norma Piña al frente de la misma. Una ministra presidenta que declaró entrando a ejercer el cargo, que según su apreciación personal, no existe corrupción al interior del Poder Judicial.
Jueces, magistrados y ministros, son de una conducta intachable y por lo mismo, los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de tan ejemplares funcionarios públicos, garantes de la Ley y la Justicia.
Esa postura trajo como consecuencia que la gente común, el ciudadano de a pie, descalificara a la nueva presidenta de la Corte. A la mayoría de los mexicanos nos consta, por haberlo sufrido en carne propia, que el sistema de justicia en México, es deplorable. Se vende al mejor postor y la gente humilde, tiene pocas oportunidades para salir airosa de un enfrentamiento con la Ley, al no poder pagar por la Justicia que se vende cara.
La Suprema Corte verá lo relativo al “Plan B” electoral, para determinar si esa modificaciones a la Ley, aprobadas en el Congreso, son constitucionales, o no lo son.
Hasta el momento, el intento por sacar a toda costa a la ministra Yasmín Esquivel de la Corte, han fracasado. No le han podido probar un plagio de tesis, en donde a partir de las pruebas presentadas hasta el momento, es evidente que, de existir plagio, la agraviada es la ministra Esquivel, a quien le “copiaron” su trabajo.
La oposición teme al voto de la ministra Esquivel, en favor de las modificaciones a la Ley.
La Suprema Corte está obligada, según lo ha expresado por el presidente López Obrador, a revisar artículo por artículo modificado y adecuado en esta Ley aprobada, para determinar qué se queda y qué no pasa. No puede desechar la Ley en automático y considerando todo su contenido en una revisión general.
Para todos resulta evidente que la Suprema Corte de Justicia, tiene una inclinación conservadora inocultable. Trabaja para los intereses de la clase social privilegiada y en favor de los políticos que defienden las mismas banderas.
Una “chicanada”, una interpretación torcida de la Ley, no puede descartarse en este asunto.
Recordemos que la Suprema Corte de Justicia, al igual que el INE, defienden la continuidad de salarios para consejeros y ministros, que rebasan el sueldo del presidente de la república. Aunque la Constitución diga claramente que esto es indebido, a los ministros de la Corte no les cuesta trabajo torcer la Ley a su favor, para proteger sus ingresos escandalosos.
Hay que estar atentos también a la resolución de la Suprema Corte en este asunto.
El Movimiento de Transformación le está quitando la máscara a todas las instituciones corruptas, que presumían una respetabilidad inexistente.
El Movimiento está dejando desnudos a funcionarios públicos prevaricadores, que ven por su beneficio personal, vendiendo justicia, legalidad y libertad, a quien puede pagar la tarifa establecida por ellos mismos, o a quienes obedecen órdenes superiores, porque el cargo que ostentan lo deben a quienes hoy les exigen retribución.
El “Plan B” electoral, fue impulsado por los representantes del Pueblo, electos libremente. La Corte está integrada por ministros que llegaron por recomendación presidencial en tiempos neoliberales, en su gran mayoría.
Del fallo que den a esta Ley, dependerá mucho la profundidad de la Reforma al Poder Judicial, que se dará seguramente con el siguiente gobierno y en la segunda etapa de la Transformación del país.
No perdamos de vista estos dos asuntos, relacionados entre sí y que dependen de las decisiones de un Poder Judicial que hoy pasa por uno de sus peores momentos, por falta de confianza y credibilidad.
Malthus Gamba
