De acuerdo con las cifras que se dieron a conocer hoy en la conferencia matutina del Presidente, el 43% de las personas privadas de su libertad en México, están presas sin haber recibido una sentencia. Hay un total de 220,114 detenidos en las distintas cárceles del país y de éstas, casi 95 mil se encuentran en esta situación.
Estas personas llevan años encarceladas esperando que algún juez les dictes sentencia, algunas están ahí como resultado de haber confesado bajo tortura, como Israel Vallarta, que lleva 16 años preso con 2 procesos abiertos, sin que existan otras pruebas que una declaración que trasmitió Loret de Mola en televisión nacional, mientras a la vista de todo México Cárdenas Palomino lo torturaba.
Hay más casos emblemáticos de la injusticia que se ha vivido en México, como el de Brenda Quevedo, que fue encarcelada con pruebas simuladas por Isabel Miranda y torturada en repetidas ocasiones dentro de prisión; o el de la indígena María Isabel San Agustín, víctima también de tortura con una sentencia de 65 años de prisión.
Como resultado de la revisión detallada que ha llevado a cabo la Secretaría de Gobernación en relación con este tema, se anunciaron medidas que van a terminar con la injusticia que viven decenas de miles de personas, que han sido víctimas de un sistema corrupto de justicia y que permanecen encerrados, mientras los verdaderos delincuentes como Salinas, Zedillo, Calderón y Peña Nieto, andan libres, tranquilos y millonarios por el mundo.
La decisión para resolver esta situación de absoluta injusticia abarca distintos grupos de personas privadas de su libertad. Para empezar, serán excarcelados los adultos mayores de 75 años de edad y los mayores de 65 con enfermedades crónicas yen el peor de los casos se mantendrán en prisión domiciliaria. Serán liberados todos los casos en los que se haya demostrado la aplicación de tortura, porque esta situación desvanece las pruebas que pudieran haber servido de fundamento para encarcelarlas, a cambio sus torturadores deben ser detenidos.
Los presos que lleven 10 años o más sin sentencia y que no se encuentren detenidos por no delitos graves, también serán incluidos.
La nueva disposición es que todas estas personas reciban el beneficio para estar fuera de la cárcel a más tardar el 15 de septiembre de este año, para lo cual se emitirá un decreto que así lo ordene.
Si bien estas acciones no terminan con el entorno de injusticia al que nos han sometido la estructura de seguridad y el poder judicial corruptos, sí corregirá en buena medida la situación de decenas de miles de personas que han sido torturadas, maltratadas u olvidadas por las autoridades, simplemente por no contar con suficientes recursos económicos para sobornar funcionarios o para contratar una defensa eficaz de sus casos.
Es otra acción histórica de la 4ª transformación que intenta enderezar los entuertos incurridos por los gobiernos del pasado en perjuicio de los habitantes más vulnerables o de las víctimas de funcionarios criminales.
Este 1 de agosto vamos a complementar estas medidas con otra acción histórica a través de la consulta ciudadana, que nos permitirá darle instrucciones al gobierno para que proceda a enjuiciar a los 5 expresidentes responsables, entre otras cosas, de injusticias como las que están siendo corregidas a través de estas acciones.
Como dijo el político y escritor francés Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa”. JUICIO A EXPRESIDENTES “SÍ”!!!!
