Por: Patricia Barba Ávila
El imprescindible involucramiento del pueblo de México en la tarea de cogobernar
Como decía Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. AMLO
El pasado miércoles 1° de septiembre tuvieron lugar dos eventos trascendentales, el Tercer Informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el inicio de actividades de la LXV Legislatura que tomó protesta el pasado domingo 29 de agosto. En torno a estos dos acontecimientos surgen varias reflexiones que vale la pena analizar.
En primer lugar, una de las características más representativas del primer mandatario ha sido su insistencia en que el pueblo de México asuma la soberanía y el poder que el Artículo 39 de nuestra Carta Magna le confiere con toda claridad pues por largas décadas desde que el país se constituyó en una república, el grueso de la población fue mantenida al margen de los asuntos políticos, especialmente con el surgimiento en 1929 del Partido Nacional Revolucionario que con el tiempo se transformaría en el partido único que hasta el año 2000 desgobernó el país –sin la complicidad del PAN- con prácticas altamente corruptas y ajenas al interés popular. Aquí es obligado aclarar que durante el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, considerado por muchos como el mejor estadista del Siglo XX, este partido llevó el título de Partido de la Revolución Mexicana y bajo su mandato se implementó acciones en beneficio del pueblo caracterizadas por la justicia social y la equidad. Lamentablemente, este extraordinario mandatario fue sucedido por políticos que poco a poco fueron revirtiendo lo realizado por él de 1936 a 1940.
La terrible costumbre típica de las “democracias representativas” de mantener al pueblo al margen de las decisiones de estado fue generando en millones de mexicanos la creencia de que el quehacer político no era de su incumbencia y se habituaron a dejar en manos de politicastros venales y divorciados de una sociedad despojada de su patrimonio de manera “legal” pues las leyes fueron acomodándose a la inmensa corrupción que distinguió el quehacer de lo que en 1988 surgió como PRIAN tras el acuerdo de connivencia “en lo oscurito” concretado entre Salinas de Gortari y Luis H. Álvarez, el entonces Presidente del CEN panista. Ningún ciudadano se enteró ni imaginó jamás que un partido de oposición como lo fue el PAN hasta aquél fatídico año, pudiese traicionar sus lineamientos y “empiernarse” con el partido al que combatieron con furia durante la administración del General Cárdenas. Hay que recordar que fue Diego Fernández de Cevallos quien llamó a quemar las boletas que demostraban que el ganador de aquélla elección no había sido Salinas sino Cuauhtémoc Cárdenas. El pueblo, una vez más, fue objeto del sempiterno engaño que el PRI y luego el PRIANrredémc convirtieron en su sello distintivo.
Ha sido esa acusada marginación popular de los asuntos políticos la que ha permitido todo el cúmulo de tropelías, trapacerías, engañifas, delitos y crímenes de lesa humanidad perpetrados con mucha mayor gravedad bajo el régimen neoliberal sinónimo de profunda corrupción. Y para ello se contó con la entusiasta colaboración de la mediocracia vendida y controlada por los poderes fácticos empresariales y politiqueros que, en muchos casos, son exactamente lo mismo. Y es por todo esto que el actual mandatario ha insistido en la importancia de que el pueblo ya no debe quedarse al margen de la actividad política y por ello, entre otras medidas, se informa de las decisiones de gobierno a través del ejercicio inédito de “la mañanera” donde el Presidente López Obrador ha dicho repetidamente que cada ciudadano es un comunicador en potencia que a través de su teléfono celular puede reportar hechos en el momento en que están ocurriendo empleando las “benditas redes sociales” (que también pueden ser muy “malditas”).
Además del uso de las redes para difundir noticias y llevar a cabo una comunicación de ida y vuelta, lo que es imprescindible es la organización de comités populares o ciudadanos que impulsen a la par del primer mandatario, reformas tan fundamentales y urgentes como la electoral que cambie de raíz no sólo al Instituto Nacional Electoral cuya actuación jamás ha estado orientada a garantizar la auténtica democracia y respeto de la voluntad ciudadana sino todo lo contrario. Siempre he mantenido que el Instituto Federal Electoral (hoy INE) fue creado por Salinas de Gortari en 1990 en consenso con el Consenso [de Washington] para garantizar que llegaran al poder los que se encargarían de asegurar la entrega de los bienes de la nación a las poderosas transnacionales que son las que realmente gobiernan en los E.U. y otras “democracias” neoliberales como la monárquica España.
Otro de los cambios de fondo que tendría que ocurrir es no sólo la remoción de los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SIC) cuyo pomposo título no refleja el talante de este ente intocable hasta para el Poder Judicial. En este sentido, urge cambio sustancial en el marco legal que rija este organismo para que responda a la ciudadanía y deje de legalizar todos los fraudes y decisiones altamente violatorias de la Constitución impulsados por la partidocracia en connivencia con los poderes fácticos a través del INE. El órgano que surja de tal reforma deberá quedar sujeto a la supervisión de ciudadanos probos y comprometidos con el inalienable derecho de cada mexicano de elegir a los servidores públicos y determinar la forma de gobierno más benéfica para el país.
Otra de las acciones de urgente aplicación es la reducción sustancial de las abultadas sumas de dinero entregadas a los partidos políticos que jamás en la historia de nuestro país han cumplido con su cometido que es, ni más ni menos, el fomento de la participación de los agremiados en la cosa pública. Lejos de ello, se han transformado en inmorales y lucrativas franquicias manejadas por sujetos de la peor ralea que han fomentado la distorsionada idea de que la lealtad de los militantes debe dirigirse al partido y no a la Nación. En este respecto, siempre he mantenido la convicción de que para ser un ciudadano de mayoría de edad y asumir la soberanía y el poder de acuerdo con el 39 constitucional, no es imprescindible militar en partidos políticos y que debería ser en las escuelas donde se fomente el amor a la Patria (que no es otra cosa que el pueblo) y la responsabilidad que cada quien debe asumir en la tarea de vigilar la gestión de los servidores públicos para que realmente lo sean. En mi opinión, es en la escuela, desde la primaria hasta el nivel universitario, donde mediante las asignaturas de civismo, historia, sociología entre otras, se tendría que impulsar esta imprescindible preparación política de cada integrante de la sociedad. Indudablemente que este es un tema muy polémico que requiere de un profundo debate. Lo cierto es que el Artículo 35 de nuestra Constitución no menciona como requisito la pertenencia a un instituto político para gozar del derecho de votar y ser votado y asumir la tarea de cogobernar.
Por otra parte, ha existido desde hace mucho tiempo la práctica insana y mañosamente diseñada de asignar sueldos elevadísimos que nada tienen que ver con lo que percibe un maestro, un obrero, un campesino o un asalariado del ámbito público y privado, a aquéllos que son nuestros servidores públicos. Vaya contradicción que no tiene otra explicación lógica que la de ocasionar el distanciamiento de la “clase política” del grueso de la población. Un evidente divorcio de intereses y proyectos que van en sentido opuesto justamente porque los que disfrutan de sueldos y prerrogativas que significan veinte, treinta y más veces el salario promedio de un ciudadano común, no les interesa impulsar iniciativas o modificaciones de ley que equilibren el piso e igualen el ingreso de políticos (los empleados) y ciudadanos (los patrones). Todo este entramado ha sido, en mi opinión, estructurado con toda la intención de generar este divorcio y, por supuesto, la creciente corrupción que hasta 2018 fue impulsada desde los distintos desgobiernos al servicio de intereses ajenos al nacional.
Ciertamente, el Presidente López Obrador ha emprendido una lucha constante contra la corrupción y los privilegios de unos cuantos que le ha generado una guerra infame desde una oposición que no tiene más proyecto que el regreso a un pasado caracterizado por la profunda putrefacción de la vida pública. Sin embargo, con enorme preocupación vemos una falta de acompañamiento integral tanto desde los miembros de su gabinete como desde las fallidas dirigencias del partido Morena del que se esperaba mucho más de lo que hasta ahora ha hecho. Y no es sólo tarea de la propia militancia el impulsar medidas que eviten que este instituto político recorra el mismo camino que llevó al PRD a su total descomposición y casi desaparición. Esta es una tarea de la ciudadanía que como ya se mencionó aquí, todavía no asume lo estipulado por el Artículo 39 respecto al poder que debe arrogarse para así acompañar los esfuerzos que casi en solitario viene realizando nuestro primer mandatario.
En realidad, en una democracia auténtica, todos los ciudadanos deben ser políticos de tiempo completo, involucrados de lleno en las actividades y decisiones que garantizarán la justicia para todos y la soberanía nacional como pilares esenciales del Proyecto de Nación impulsado por el actual mandatario. Huelga decir que ni la Cuarta Transformación ni la cristalización del Artículo 39 de nuestra Carta Magna serán posibles sin la participación directa y cada vez más protagónica de la ciudadanía, dejando atrás esa rancia concepción de que la política es para la mal llamada “clase política” (muchos le decimos “politiquera”).
“Los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados, son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y falta de carácter hace lento y doloroso el avance de las sociedades.” Ricardo Flores Magón
