La semana pasada fuimos testigos de un intento más de algunos ministros de la Suprema Corte, por meterle el pie al avance de la democracia en un esfuerzo por proteger a los expresidentes ladrones y asesinos que hemos padecido en México por lo menos durante los últimos 40 años.
No solamente los ciudadanos organizados, sin dinero, sin apoyo de los medios, sin influencia de los partidos políticos, y solo con su voluntad y su trabajo, juntamos casi 3 millones de firmas en 15 días para que se lleve a cabo la consulta para enjuiciar a estos sujetos deleznables.
También el mismo Presidente de la República, motivado por la duda de que los mexicanos pudiéramos cumplir con los requisitos casi imposibles que establece la ley, para lograr solicitar una consulta, envió una carta al Senado haciendo la solicitud.
El procedimiento establece que el Senado presente las solicitudes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea este organismo autónomo quien determine si la solicitud no viola la constitución.
Así es que una vez recibida la solicitud del Presidente, uno de los ministros colocado ahí por Felipe Calderón, Luis María Aguilar, fue el encargado de elaborar un proyecto de sentencia para que se votara en el pleno de la Corte. Su proyecto se redactó recomendando que el voto se hiciera en contra de autorizar la consulta pública, esgrimiendo argumentos increíbles.
En el pleno de la Corte otros cuatro ministros apoyaron el contenido del proyecto elaborado por este ministro, cómplice de los actos aberrantes de estos cinco sujetos desde el poder.
Por fortuna para la democracia y para ellos mismos, los otros seis ministros, incluyendo al presidente de la Corte, el ministro Saldivar, votaron en contra del proyecto y a favor de que se convoque la consulta pública, en la que seamos los ciudadanos quienes decidamos si vamos a enjuiciar a estos criminales del pasado, aunque la pregunta se modificó retirando los nombres de los expresidentes, como si eso cambiara en algo el fondo del asunto.
Las casi 3 millones de firmas de los ciudadanos fueron entregadas desde el Senado al Instituto Federal electoral para su conteo y verificación. Aunque ya no sería necesario que sean enviadas a la Corte, porque el dictamen ya se votó y la consulta se va a llevar a cabo el año que viene, quedan ahí como un testimonio claro de la voluntad popular, incluyendo para la historia, los nombres de los cinco expresidentes que estuvieron a punto de terminar de destruir el país durante sus mandatos.
Con este proceso, los mexicanos terminamos con una institución que solamente permitía la democracia representativa; es decir, que únicamente podíamos votar por nuestros representantes para que ellos tomaran las decisiones; hoy los ciudadanos dejamos claro que somos nosotros los que vamos a tomar las decisiones de las cosas que consideramos importantes, en una democracia participativa.
Aún nos hace falta presentar una iniciativa al Congreso en la que se modifiquen los requisitos de cantidad de firmas y temporalidad de las consultas, a fin de que no sea diez veces más difícil convocar la realización de una consulta pública, que el hecho de formar un partido político.
Sin embargo, el paso que dimos en este proceso es un avance gigantesco que nos debe motivar para profundizarlo por medio del referéndum y el plebiscito por ejemplo. Como sea, con este paso y con la vigilancia ciudadana en los procesos de elección que le aporte pruebas a una Fiscalía Electoral autónoma, los mexicanos caminamos con firmeza y certidumbre en la exigencia de nuestros derechos.
Como dijo Alan Watts: “Solo las verdades dudosas necesitan defensa” y esta no lo es.
