Un juez federal rechazó inicialmente 23 órdenes de captura contra una red de huachicol vinculada a Ernesto Ruffo por falta de pruebas suficientes de la FGR.
Un juez federal frenó en un primer momento 23 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La decisión, emitida el pasado 22 de junio, evidenció fallas en la integración del caso y abrió cuestionamientos sobre el sustento de las investigaciones en delitos de alto impacto.
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El juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, determinó que el Ministerio Público no logró fundamentar adecuadamente sus pruebas. En su resolución, concluyó que las inferencias presentadas por la FGR no acreditaban de forma sólida los delitos de delincuencia organizada ni contrabando de hidrocarburos.
La investigación señalaron a Ernesto Ruffo como uno de los presuntos líderes de una estructura criminal dedicada al trasiego ilegal de combustible desde la refinería de Deer Park, en Texas, hacia México, mediante un esquema sistemático que habría afectado al erario federal; sin embargo, el juzgador consideró que los elementos presentados en ese momento no eran suficientes para proceder penalmente.
Juez de carrera judicial frenó captura de Ruffo Appel
Tras este revés inicial, la FGR reformuló su estrategia legal. Semanas después, volvió a solicitar las órdenes de captura, pero con ajustes en la acusación y la incorporación de nuevos imputados, entre ellos el propio Ruffo Appel, ahora señalado directamente como dirigente de la organización criminal.
En este segundo intento, la Fiscalía no acudió nuevamente ante Elizondo Martínez, sino que presentó el caso ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien autorizó las órdenes de aprehensión contra 25 personas.
En su resolución, la juzgadora sostuvo que la participación del exmandatario no era aislada, sino que respondía a un rol de coordinación y dirección dentro de una red dedicada a la introducción ilegal de hidrocarburos al país. Además de Ernesto Ruffo, también se incliyó a Carlos Xavier Treviño, identificado como accionista de empresas que se utilizaron para dispersar recursos mediante operaciones simuladas.
Como resultado, el exgobernador fue detenido y trasladado al penal federal del Altiplano, donde permanece en prisión preventiva junto con otros implicados, mientras que aún quedan órdenes de captura pendientes por cumplimentar.
El caso, que se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible en Coahuila en 2025, se mantiene como una de las investigaciones más relevantes sobre contrabando de hidrocarburos en México, al tiempo que pone bajo la lupa los criterios judiciales y la solidez de las pruebas en procesos por delitos de cuello blanco.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
