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INE cumple amenaza: se posponen los trabajos para la consulta de revocación de mandato
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INE cumple amenaza: se posponen los trabajos para la consulta de revocación de mandato

A pesar del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) la realización de la consulta para la revocación de mandato con los recursos que ya le han sido asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Consejo General del INE aprobó, por votación dividida, posponer los trabajos necesarios para la realización del ejercicio democrático.

“Se determina, como medida extraordinaria, posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024 (…) derivado del recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022, hasta en tanto se tengan condiciones presupuestarias que permitan su reanudación”, señala el documento aprobado.

El pretexto utilizado para desacatar la orden del Poder Judicial es que no les fue autorizado el aumento de 4 mil 913 millones de pesos en el presupuesto para 2022, que les permitiría realizar la consulta sin tener que reorganizar sus gastos ni tocar los beneficios de que ahora gozan los consejeros del árbitro electoral.

El INE asegura haber hecho los recortes posibles, pero que apenas cuentan con uno de cada tres pesos de los que costaría la realización de este ejercicio, por lo que no tiene las condiciones para cumplir con lo que dice la ley en materia de revocación de mandato.

El acuerdo indica que continuará la verificación de firmas de apoyo ciudadano y se entregará el informe que contenga el resultado de esta revisión que es del 26 de diciembre al 3 de febrero, para comprobar si se logra recolectar el 3 por ciento de los electores registrados en la Lista Nominal, con el número necesario para lanzar la convocatoria.

El documento aprobado enfatiza que el aplazamiento estará vigente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional que presentó el INE o cuando las autoridades federales entreguen más de 2 mil millones de pesos para realizar este ejercicio.

Por lo anterior, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, pidió al secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, que a partir de enero de 2022, mientras esté vigente la posposición temporal, “se generen todas las economías presupuestales”, pero sin afectar la operación ordinaria del INE, para cubrir los gastos de la revocación de mandato.

“Dicho levantamiento operará siempre que se tengan las condiciones presupuestarias que así lo permitan, ya sea por quelas autoridades competentes asignen los recursos necesarios o se generen desde el Instituto economías presupuestales suficientes en términos de lo establecido en punto de acuerdo anterior”, menciona el órgano electoral.

En el documento se detalla que el INE ha reunido mil 502 millones 998 mil 368 pesos para este ejercicio, pero que se requieren 3 mil 830 millones 448 mil 091 pesos con el fin de contar con las condiciones materiales, técnicas y humanas para realizar dicho ejercicio de participación ciudadana.

Ante esto, Lorenzo Córdova insiste en su discurso de que “no es el INE” quien pone en riesgo la realización de la consulta para la revocación de mandato, sino el Legislativo al haberle negado el aumento de presupuesto solicitado.

“Quiero ser claro, hoy no es el INE el que pone en riesgo la celebración de una eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza”, dijo en la sesión extraordinaria del Consejo.

Los consejeros José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera apoyaron el proyecto aprobado con básicamente los mismos argumentos que han utilizado Córdova y Ciro Murayama.

Por su parte, las consejeras Norma de la Cruz, Carla Humphrey y los consejeros Martín Faz y Uuc-kib Espadas, fueron en contra del aplazamiento y propusieron hacer mayores recortes a los gastos del INE para reasignarlos al proceso de participación ciudadana.

El consejero Martín Faz señaló al Consejo General que pueden y están obligados a mayores recortes en los gastos del INE: “No puedo acompañar la visión de que existe una completa imposibilidad para continuar y llevar a cabo la revocación de mandato porque no se cuenta por ahora con los recursos suficientes para hacerlo con los mismos estándares de calidad con los que este Instituto organiza las elecciones ordinarias, ya que desde mi punto de vista la regulación nos permite hacer los ajustes necesarios para hacer el ejercicio”.

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