INAI se juega su última carta; afirma que su desaparición será un “grave retroceso”
El INAI se resiste a desaparecer y apela a generar miedo afirmando que su desaparición afectaría gravemente a los derechos humanos.
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Adrián Alcalá Méndez, aseguró que la desaparición del organismo afectará a millones de mexicanos.
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En una sesión ordinaria, los comisionados del INAI emitieron su posicionamiento sobre su inminente disolución y subrayaron la importancia de la institución para la democracia.
Por ello hicieron un llamado a los legisladores, para que meditaran su decisión previa a la sesión en la que se discutió su desaparición:
“Las horas restantes deben aprovecharse al máximo para reflexionar sobre las profundas implicaciones de esta decisión, ya que ello no solamente afecta a una institución: se afecta a millones de mexicanas”.
Aseguraron que la existencia del INAI obedece a las conquistas sociales “ganadas a pulso” por distintos actores de la sociedad.
Alcalá Méndez afirmó que la extinción del Instituto de Transparencia dejaría sin garantía a la población, ya que no pueden asegurar que la custodia de los datos personales se mantenga en los mismos niveles de seguridad y eficiencia:
“No podemos permitir dar un solo paso atrás. Aspiramos a que el Congreso garantice la progresividad de estos derechos humanos y evite retrocesos en nuestra democracia”.
Destaca INAI protección de datos como eje clave
La comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, reiteró que el organismo es un pilar nacional y un referente a nivel internacional en materia de protección de datos personales. Por ello reafirmó que su disolución podría incidir en la confianza de los inversionistas extranjeros:
“La desaparición del INAI generaría incertidumbre en socios comerciales y organismos internacionales, afectando la competitividad del país en la economía digital”.
Durante su intervención, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó la importancia de la Plataforma Nacional de Transparencia y cuestionó qué sucederá con ella:
“La iniciativa no esclarece a dónde pasaría la Plataforma Nacional de Transparencia. Pasarían las obligaciones que le corresponden al Poder Ejecutivo federal, que son 270 autoridades, pero no las autoridades obligadas hoy en día en la Plataforma.
Advirtieron que la transferencia de sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción podría generar incertidumbre hasta que se diseñe una legislación secundaria adecuada, lo que pone en riesgo los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
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