Exgobernador que alentó protestas en presa “La Boquilla”; investigado por desvío de 129 mdp

Luego de que se dio a conocer que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, a políticos y exgobernadores que participaron en la toma de la presa “La Boquilla” en Chihuahua. La oposición acusó al Gobierno Federal de hacer una cacería de brujas contra los manifestantes.

Sin embargo se aclaró, que se investiga al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, quién participó y alentó las manifestaciones con violencia en la toma de la presa “la boquilla”, por un presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Cabe aclarar que el exgobernador no es el único que está bajo la lupa de la UIF, también son investigados el presidente municipal de Delicias, Elíseo Compean y de Salvador Alcántar Ortega, Presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de la entidad por irregularidades en sus movimientos financieros.

José Reyes Baeza, fue extitular del FOVISSSTE y del ISSSTE durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo “que es una víctima de linchamiento público”, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara sus cuentas.

Reyes Baeza, gobernó Chihuahua de 2004 a 2010, dijo que al momento no ha recibido notificación por la autoridad que ordenó la cancelación de sus cuentas. “Tengo nomás la notificación del banco y la información que he leído en los medios”.

Reyes Baeza durante su paso por el FOVISSSTE, firmó cinco convenios de colaboración por 129 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), entre enero y agosto de 2014.

La UAEM debía dar múltiples servicios especializados, como implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.

Pero, según un informe forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la universidad no tenía la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a empresas fantasma o irregulares, y se quedó con 19 millones de pesos solo por hacer de ‘intermediaria’ en los desvíos.