En la 4T: La impunidad ya no será una asignatura pendiente

Por Lucía Deblock

México atraviesa por una transformación profunda y significativa que de forma urgente tenía que implicar la procuración de justicia. El trabajo conjunto y coordinado entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP está creando las condiciones necesarias para acabar con el escenario de impunidad dominante y, de paso, descolocar a algunos de sus principales actores políticos, concretamente en los hechos de corrupción y lavado de activos en los que presuntamente ha participado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira.

Las asociaciones sospechosas entre Emilio Lozoya y el gigante de la construcción latinoamericano Odebrecht ha sido bastamente documentada a través de varias investigaciones periodísticas -en nuestro país destaca la de Quinto Elemento, que han recabado información sobre las declaraciones de altos directivos de la empresa, durante los juicios en Brasil, EEUU y Suiza. Estas declaraciones han servido, entre otras cosas, para trazar minuciosamente los mapas de corrupción, que incluyen nombres de funcionarios, montos económicos de los sobornos y obra contratada en casi toda latinoamérica y en África.

Durante las investigaciones llevadas a cabo en EEUU, a través de sus directivos, Odebrecht ha aceptado haber pagado casi 780 millones de dólares en sobornos, de los cuales 735 se vertieron en las instituciones de América Latina, obteniendo a cambio obras cuyos beneficios la situaban en la parte alta de las empresas más importantes del continente.

Con la notable excepción de Venezuela y México, todos los países de la tabla han tomado cartas en el asunto y han encausado sus acciones legales contra los responsables, lo que ha provocado desde la renuncia de presidentes (Pedro Pablo Kuczynski) hasta suicidios (Alán García).

Mientras tanto, en México no sólo no se investigó a los señalados en lo juicios, sino que gozaban del favor divino del Presidente EPN y desde sus instituciones se frenó cualquier intento de indagatoria, protegiendo la participación en una red de sobornos, cohecho y malversaciones de fondos, mientras los personajes se paseaban a sus anchas y aparecían en medios sin el menor recato, dando lugar a que nuestro país fuera percibido como el Paraíso de la Impunidad.

Pero México está cambiando.

Las órdenes de aprensión que se libraron ayer en contra de Lozoya y Ancira son el resultado de una denuncia presentada por Pemex en marzo de este año, por la venta de una planta de fertilizantes en Veracruz. Concretamente por hacer “uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de tercero”. Y como ha reiterado el fiscal Gerneral de la Nación: “Es una parte de toda a investigación, pero no es su fin”.

Sin embargo, según las investigaciones de Ignacio Rodríguez Reyna -periodista independiente y autor de la investigación de Quinto Elemento-, sostienen que hay muchos elementos que están relacionados y explican la conexión entre ambos personajes y la red de corrupción de Odebrecht; señala que merece especial atención la creación de una empresa con el objetivo de ocultar sobornos y, por otro lado, todo lo referente a la compra de la planta Pro-AgroIndustria en Coatzacoalcos, Ver; cuya compra ha sido señalada como irregular y representó una pérdida de 1,800 millones.

Es un acto de justicia largamente esperado por la sociedad mexicana, queremos que  rindan cuentas y  paguen las consecuencias todos los que se prestaron para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría, a costa de México; todo indica que esta nueva época empezará por Lozoya y Ancira, pronto.