Como ya todos sabemos, el pasado miércoles 19 de mayo se giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, más lo que resulte, razón por la cual varios comentaristas y personajes políticos han salido en su defensa, aun cuando muchos de ellos aseguran que no es tal.
Derivado de una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General de la República, ésta solicitó a la Cámara de Diputados realizar un juicio de procedencia, también conocido como juicio de desafuero, en contra del mandatario estatal, el cual se llevó a cabo y fue aprobado retirar la protección federal que otorga el fuero constitucional por más de dos terceras partes del Congreso.
En consecuencia, se instruyó al Congreso del Estado de Tamaulipas el resultado del juicio de procedencia y que les correspondía a ellos únicamente destituir al mandatario estatal y proceder a la designación del suplente, tal como marcan las leyes en la materia.
Sin embargo, los legisladores tamaulipecos, en pleno desacato a una resolución, potestad exclusiva del Congreso Federal, que por mandato constitucional es inatacable ante corte alguna, decidió interponer un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual previsiblemente fue desechado por el máximo tribunal del país, por ser notoriamente improcedente, sin pronunciarse siquiera sobre la resolución del legislativo federal.
Esta absurda rebeldía, explicable más por complicidad que por una heroica defensa del Estado de Derecho, como quieren hacer creer, no solamente adolece de ignorancia legal, sino que pone en un riesgo real y presente de provocar la desaparición de poderes, pues es la consecuencia prevista por nuestra Carta Magna para esta circunstancia.
El gobernador en funciones, ahora prófugo de la justicia, hizo público un comunicado en un vano intento de manipular a la opinión pública, repleto de medias verdades y falsedades evidentes, queriendo presentarse como víctima de una persecución política que solamente existe en su mente y la de quienes, ya sea cegados por su pueril y patológico odio hacia López Obrador y todo lo que signifique transformación, ya sea por profundos intereses económicos o de gremio que se sienten agraviados, o por haber perdido prebendas y privilegios tan comunes en las administraciones neoliberales.
Entre las más obvias mentiras declara Cabeza de Vaca que tanto el Congreso de Tamaulipas, cuanto la SCJN “mantienen vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un Gobernador de un Estado Libre y Soberano”, lo cual es rotundamente falso, pues el primero no tiene facultad para hacerlo, ya que el beneficio del fuero está plasmado en la Constitución y, por tanto, es federal y potestad exclusiva de la Cámara de Diputados; y el segundo jamás se pronunció respecto a la resolución de desafuero, ya que la resolución del Magistrado Alcántara Carrancá es un acuerdo de improcedencia del recurso presentado por el Congreso de Tamaulipas y no una resolución de la SCJN.
Por lo anteriormente expuesto, el Fiscal General y el juez federal están en libertad de actuar sin limitación alguna, por lo cual es absurda la intención manifestada por la bancada panista en el congreso para “demandar” a las autoridades que solicitaron la orden de aprehensión contra el presunto delincuente.
Sin embargo y tal como es su derecho, Cabeza de Vaca interpuso este 19 de mayo un recurso de queja en contra del acuerdo del juez federal que desechó por notoriamente improcedente, el amparo mediante el cual el congreso tamaulipeco pretendía detener el proceso de desafuero aprobado en la Cámara de Diputados.
Pero para colmo del mandatario prófugo y desgracia de sus defensores que acusan vehementemente de persecución política, violación al Estado de Derecho y atropello de la presunción de inocencia, este 20 de mayo se dio a conocer la carta recibida por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, remitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sobre una investigación de fondo que señalan a Francisco Javier Cabeza de Vaca y a cinco de sus familiares por presuntamente pertenecer a una red internacional de lavado de dinero, lo que desarticula por completo el argumento utilizado por quienes apoyan a Cabeza de Vaca, de una supuesta manipulación política por parte del Gobierno Federal.
Sin duda estamos viviendo momentos históricos, pues nunca antes se había emitido una orden de aprehensión en contra de un mandatario en funciones, ni quienes dicen estar de su lado habían esgrimido tan débiles y falaces argumentos. Este hecho marca un hito en el devenir nacional pues señala el fin de la impunidad.
