El Poder Judicial de piel delgada

Resulta que no se puede criticar ni a los miembros del Poder Judicial Federal ni a la Ministra Presidenta de la Suprema Corta de Justicia, a pesar de sus fallos en contra de la justicia y los derechos humanos, por delatarse como verdaderos contratistas jurisdiccionales que dicen la ley (jurisdictio) a destajo, al mejor postor.

Y es que si hoy el pueblo se queja, hacen oídos sordos, como siempre, porque como bien han demostrado a lo largo de la Historia, no tienen apego o respeto a los humildes ciudadanos que trabajan y pagan impuestos para cubrir sus salarios que, para decirlo suavecito, contrastan e insultan a la población que ni en toda una vida de trabajo, logran ver junto el dinero que ellos devengan en un mes. Pero, si la crítica proviene del Presidente, en tanto representante legítimo de este pueblo, entonces se convierte en un ataque a la autonomía del sistema judicial y un atentado en contra de la integridad personal de los miembros de la judicatura.

Las protestas son airadas e incluso, la Barra Mexicana de Abogados (que nadie sabe para qué sirve, a no ser para administrar los jugosos negocios de los delincuentes de cuello blanco) “exige” (¿con qué calidad moral?) que el Presidente pare ya con “este ataque”; la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de México, en un comunicado, señala que la ofensa de poner una fotografía de la ministra presidenta y la de un proyectil de arma de fuego, sí constituye un daño. Sin embargo, en los 4 años de esta administración y pese a los muchos ataques ofensivos en contra de quien hoy ostenta la máxima investidura del país, su familia y, por extensión todas las personas que hayan sido sus amigos y colaboradores, no les ha merecido ni media crítica.

Inclusive, los cientos de mensajes de odio de parte de algunos médicos que enviaban la mezcla fatal de medicamentos que pondrían fin a la vida de AMLO, cuando enfermó de COVID; de comunicadores, como Ricardo Alemán, que sugerían un ataque como el sufrido por John Lennon durante apariciones masivas; o funcionarios de la más alta jerarquía, como el actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, que abiertamente han deseado la muerte del Presidente, en ningún caso ha provocado la más breve queja o reclamo desde el Poder Judicial para exigir el cese de la violencia o la reconvención para los personajes que, abusando de su popularidad y alcance en redes sociales y medios nacionales de comunicación, mienten y atacan por sistema, cada día, sin que haya alguna consecuencia, ni siquiera del orden moral. También el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha opinado, por ejemplo, en contra del Plan B, pero ¿cuándo antes se preocupó por las muchas y muy chafas modificaciones a la Constitución y las leyes secundarias, a pesar que fueron contra el pueblo mexicano? Nunca.

La familia del Poder Judicial, mejor conocido en el argot como “Poder Familiar” por su exacerbado nepotismo, externa su profundo descontento y exige que las autoridades, en el caso la policía cibernética, dé con el responsable de ese mensaje, ciertamente deleznable, pero que a ojos de algunos usuarios es una de cal por las que han venido de arena. Yo, desde luego, rechazo cualquier tipo de violencia verbal, psicológica o física en contra de cualquier persona y me uno a dicha exigencia, pero la extiendo a toda clase de ataques y manipulaciones que desde otros ámbitos del poder, como el electoral, el político en la oposición y, obvio, el judicial, provenga para poder generar un discurso que manipule la realidad que vive el país a conveniencia de quienes buscan, claramente, regresar al poder para continuar con la abominable pasión por saquear al país y de manipular a la gente conforme a sus necesidades, fabricando leyes a modo y colocando en puestos estratégicos a quienes eventualmente, puedan evitar que los personajes más aviesos caigan en desgracia, como le ha ocurrido al ex súper policía de Felipe Calderón y Vicente Fox.

El ministro Zaldívar Lelo de Larrea, el más progresista de los Presidentes que ha tenido la Corte, no pudo consumar la transformación que le urge al poder judicial y no es de esperarse que la actual Presidenta la emprenda, simplemente porque su ideología es conservadora y cambiar el statu quo de privilegios es contrario a su naturaleza y orientación, de suerte que las actuaciones de los jueces y magistrados que convalidan el estado de impunidad que aún prevalece en el país se corresponde a su pensamiento. Para muestra es suficiente ver como se ha cernido la protección de la justicia federal sobre personajes que, más allá de toda duda razonable, se han probado como responsables en diferentes grados de autoría, de la comisión de delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de influencias, tráfico de armas, tráfico de dinero, tráfico de drogas, desvío de dinero público y corrupción, que sumados todos dan como resultado TRAICIÓN A LA PATRIA, pero dan maromas que justifiquen sus protecciones constitucionales sin merecer defensa.

Se hace necesaria la petición de autoridades extranjeras para que la UIF pueda bloquear las cuentas de los delincuentes, con el falso argumento que es más importante la presunción de inocencia de una persona, que el derecho a la justicia de una patria y su pueblo, que ha denunciado en múltiples ocasiones la comisión de delitos como tortura, fabricación de culpables, uso indebido de atribuciones en el servicio público y todo, porque un exprocurador venido a exministro, tuvo en sus manos el poder de aprobar una jurisprudencia que la condicionara a la súplica de una entidad ajena a las autoridades mexicanas, porque desde luego se estaba protegiendo a futuro. Por cierto, ¿y dónde está Medina Mora?

Ha sido tal el ataque desde la oposición, aprovechándose de la pericia del exministro Cossío para la tramitación de los múltiples amparos que han puesto en suspensión varias veces las obras emblemáticas del estado mexicano, que tanto enojan a su patrón, el señor equis, como el tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, que se ha dado pie a que diversas autoridades estadounidenses emitan opiniones sobre el sistema electoral, por ejemplo, ya que según sus nervios, se pone en peligro la democracia. Y en los tiempos de la discusión de la reforma energética, la regulación de los contratos del modelo “fraude-legalizado” que concedieron tantas ventajas económicas a largo plazo a empresas extranjeras como Iberdrola o Enel, también fueron fuente de “preocupaciones” tales, que les impulsó a oponerse directamente a las reformas en materia eléctrica.

Resulta entonces que no son tan libres ni tan independientes, porque siempre están buscando la aprobación y cobijo de otros gobiernos. Aplaudieron rabiosamente ese intervencionismo, violentando por completo nuestra soberanía.

Cuando una persona o autoridad es “libre e independiente”, debe probar que no pertenece a círculos de poder que le vaya coartando la libertad o, en su defecto, guíe su voluntad para favorecer a esos grupos que lo hacen también poderoso.

En esta mezcla donde han colisionado el derecho a la información y los privilegios, podemos ver que quienes se dicen agraviados por la crítica del Presidente y, desde luego, de la ciudadanía a estas últimas decisiones judiciales totalmente indignantes (Linda Cristina Pereyra, Cárdenas Palomino, García Cabeza de Vaca), pero no se ofenden por los altos sueldos que devengan autoridades que no son transparentes ni en sus percepciones ni en la forma en que se distribuyen autónomamente los dineros del erario que reciben para realizar sus funciones; y mucho menos se ruborizan de pertenecer vitaliciamente a comités de investigación, sin ser investigadores; a fundaciones y patronatos, sin ser filántropos verdaderos; o a colegios y facultades, sin dar clases pero cobrando salarios estratosféricos.

Como detalle adicional tenemos a periodistas y medios que violan la ética que ampara el derecho a la información y difunden mentiras, le lavan el rostro y la reputación a conocidos delincuentes y se coluden para tejer una narrativa con la que desacrediten todo el avance y desarrollo que se ha ido logrando a pesar de la férrea oposición en el tablero político, usando a sus homólogos y plataformas en otras partes del mundo, para amplificar los efectos del lawfare con que quieren hacerse de un poder más allá del que les otorgaría la voluntad popular.

El Presidente ha aceptado, con pesar, que al nombrar a cuatro ministros de la Suprema Corte, se equivocó, porque no tardaron en mimetizarse con las prácticas y creencias conservadoras que se contagian por ósmosis en esas poltronas que ocupan los funcionarios que no son nombrados por el pueblo. Pero también nos da como paso a seguir, rumbo a la siguiente sucesión de la cuarta transformación, que tengamos la valentía de elegir con miras a conformar un congreso mayoritario que acompañe las decisiones de quien sea Presidente de 2024 a 2030, para que las reformas sean constitucionales y que tales cambios tengan el poder de transformar desde lo legislativo a una patria que ya no tenga que seguir juzgando a los delincuentes de cuello blanco con las leyes más permisivas y bondadosas que podríamos imaginar.

El reto está en nosotros. No debemos comportarnos como lo han hecho ellos, violentando e insultando a quienes atentan contra la democracia; por el contrario, nuestro deber es el de actuar sin violencia, no callar y seguir denunciando las tropelías de los que han mentido, han robado y han traicionado al Pueblo de México.

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