El imperio contraataca

Latinoamérica ha vivido un nuevo período en el que las elecciones colocaron gobiernos progresistas en prácticamente todo el subcontinente.

En una primera fase esto ya había sucedido en Argentina con Cristina Fernández, Venezuela con Hugo Chávez, en Bolivia con Evo Morales, en Uruguay con Pepe Mujica y en Brasil con Lula Da Silva; sin embargo, todos ellos fueron bloqueados o revertidos por la derecha conservadora impulsada, financiada y apoyada por los Estados Unidos.

La segunda ola que resultó en una rápida expansión del progresismo se inició con el proceso mexicano de 2018, donde se eligió un gobierno para operar la 4ª Transformación de la vida pública del país, marcando una nueva tendencia seguida por la mayoría de los países de la región, cada uno con sus propias características y diferencias particulares.

Pero como estamos viendo en los últimos días, que la mayoría de los ciudadanos logren colocar en el poder ejecutivo a un jefe de Estado que los represente, no implica que la minoría con el poder económico haya sido derrotada, o que ésta se resigne a ponerse a trabajar por el bien común, renunciando así nada más a los privilegios que les confieren los sistemas corruptos de gobierno que ellos han controlado durante décadas de neoliberalismo y saqueo.

Durante el largo tiempo en que las élites tuvieron el control de los gobiernos en todos estos países, lograron incorporar la estructura de saqueo en las instituciones y en la operación de casi la totalidad de las actividades de la vida pública de los países; conseguir que un presidente llegue al poder ejecutivo, no implica que todo lo demás cambie como por arte de magia.

No solamente los poderes judiciales y legislativos mantienen su naturaleza extractiva; los medios de propaganda que usaron durante décadas para adoctrinar a los ciudadanos, también forman parte de ello, participando en negocios de corrupción en todo el continente; salvo en casos excepcionales como el de México, las fuerzas armadas también son parte de la estructura que defiende a la corrupción controlada por las oligarquías locales ligadas a las corporaciones internacionales.

En general, y a pesar de que la mayoría pueda apoyar a un gobierno democráticamente electo, las resistencias que siguen controlando la mayor parte de las estructuras que lo hacen funcionar siguen siendo controladas por individuos y grupos acostumbrados a actuar en función de los privilegios que esta corrupción les permite y por supuesto no están dispuestos a dejarlos ir fácilmente.

Hoy principalmente en los casos de Argentina y Perú, estamos viendo cómo operan estas estructuras perniciosas en conjunto, para evitar que el proyecto de bienestar común que buscan los gobiernos progresistas pueda avanzar.

En Argentina vimos cómo el poder judicial enjuicia, condena sin pruebas e inhabilita a la principal lideresa del progresismo en el país, para intentar evitar que la izquierda pueda ganar las siguientes elecciones; en Perú quien lo hizo fue el poder legislativo, acompañado de los medios, las fuerzas armadas y la policía, dando un golpe de estado después de impedir durante 17 meses el funcionamiento del poder ejecutivo.

Y esto lo van a seguir haciendo en todas partes, con distintos grados de éxito potencial, apoyados en estructuras de corrupción que lograron desarrollar durante muchos años que dejaron incrustadas en las entrañas de todos los países.

En México tenemos la expresión más débil de estos poderes fácticos por varias razones, la principal es la consciencia colectiva que hicieron favor de despertar los últimos gobiernos ladrones y asesinos, que nos vacunaron, convenciéndonos del rumbo que nos conviene seguir.

Como dijo el novelista francés Victor Hugo: “La consciencia es la presencia de Dios en el hombre”.