Consulta Ciudadana vs expresidentes: El juicio de la historia

Hoy celebramos una fecha histórica en el calendario nacional.

El inicio del movimiento de independencia de la entonces Nueva España, arranca el 15 de septiembre de 1810.
El presidente López Obrador, político de una talla inalcanzable para sus contemporáneos, sabe del significado de esta fiesta del pueblo. En todos los rincones de nuestro país, aparte el festejo y la cena en compañía de los seres queridos, se da un momento de reflexión sobre el significado de esta conmemoración.

Los mexicanos entendemos el valor del movimiento insurgente y pasan por nuestra mente los nombres de Hidalgo, Morelos y Guerrero, representantes de las tres fases principales de la lucha independentista.

Ese peso social que encierra esta fecha, nos da identidad nacional, al igual que lo hacen la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, la promulgación de la Constitución que nos rige, o el natalicio de Benito Juárez.
Fechas importantes por su peso histórico.
Y a este tipo de festividades, el presidente López Obrador da especial importancia. Su olfato político, su amplia cultura y la experiencia acumulada a través de los años, le permite entender el significado que tiene para cualquier pueblo, el conocer las distintas etapas históricas que le dan identidad como nación.

Por eso, es que toma una decisión trascendental para los mexicanos y firma hoy un documento que será registrado históricamente como el del final de una narrativa oficial tendenciosa y fraudulenta.
Hoy el presidente de México solicita a la Cámara de Senadores, se realice el procedimiento establecido, para que se convoque a una consulta popular, en la que el pueblo de México decida si son enjuiciados o no, los expresidentes neoliberales que llevaron a la ruina a este país.
El valor del documento tiene sus vertientes administrativa y jurídica que no prometen mucho. Para nadie es secreto que actualmente, la Constitución del país, establece que los expresidentes disfrutan de inimputabilidad. No pueden ser acusados de otro delito que no sea traición a la patria.

Es difícil que el procedimiento prospere y consiga llegar siquiera a la etapa de consulta. Ya no digamos a la de juicio.
Lo más seguro es que la interpretación que dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta petición, se base en lo que a la letra dice nuestra Carta Magna. “No es posible juzgar a los expresidentes”.

¿Cuál es la intención entonces, para solicitar algo que seguramente será rechazado?
Se trata de algo mucho más importante que el enjuiciamiento mismo. Se trata de modificar la Historia oficial de nuestro país. Tiene que ver con el hecho de señalar a quienes traicionaron la confianza de los ciudadanos, saquearon al país, desataron a violencia y la muerte, además de crear un escenario de miseria nacional.

En cualquier libro de historia que caiga en nuestras manos, podremos constatar que los expresidentes neoliberales, reciben un tratamiento decoroso, donde no faltan calificativos que intentan destacar logros y méritos inexistentes.
La historia oficial nos pinta al neoliberalismo como un tiempo de desarrollo. Un espacio de treinta y seis años en el que la sociedad mexicana y el país, crecieron a ritmo acelerado. Todo en base a los buenos gobernantes que tuvo la nación. Personajes que abrieron el país a la globalización, al mercado mundial y al libre comercio.

Esa historia oficial nutre a los niños y jóvenes en edad escolar, de una idea equivocada sobre lo que en realidad significó el neoliberalismo en México.

Coloca como ejemplos a seguir, a los corruptos del pasado reciente. Omite decir que esos expresidentes vendieron al país a los capitales extranjeros. No menciona que la desigualdad se agravó a raíz de la llegada de esta clase tecnócrata al poder. Tampoco habla de represión, masacres generalizadas, ni del aterrador crecimiento de la delincuencia organizada.
Para el presidente López Obrador, más que el juicio civil o penal, importa el juicio de la Historia.

Es indispensable en este momento, que la Cuarta Transformación tenga como base la destrucción del mito del “neoliberalismo bueno”.
La Historia habla con claridad de la esclavitud durante el periodo Colonial y del saqueo de la riqueza del país, a favor de la metrópoli (España).
La Historia también habla de la insultante acumulación de riqueza de la Iglesia y los grupos conservadores, antes de las Leyes de Reforma.

La Historia nos señala también que durante el Porfiriato, existieron las grandes haciendas, las Tiendas de Raya, las “Tinajas” de San Juan de Ulua y Valle Nacional.
Durante la Colonia, en tiempos de los conservadores antirreformistas y en la época de Don Porfirio, la Historia que se contaba era otra. Se aplaudían los hechos y acciones de quienes dañaron a la sociedad y al país.
Fue hasta después de instaurados los gobiernos independiente, liberal y revolucionario, que se dio a conocer la verdadera Historia vivida durante esos periodos.

Los conquistadores fueron vistos en su dimensión real, lo mismo que los conservadores del periodo reformista y los porfiristas derrotados por la revolución.
La idea del presidente López Obrador parece ir en este sentido.
Debemos conocer y señalar toda la podredumbre que se dio durante el periodo neoliberal. No importa si los expresidentes pueden ser llevados a juicio o no.

En el registro histórico, deben quedar anotados con claridad, cada uno de los delitos en que incurrieron estos expresidentes. Desde el fraude para hacerse con el poder, hasta sus nexos con la delincuencia organizada y su enriquecimiento inexplicable.
La Historia oficial debe señalarlos en adelante como lo que fueron mientras disfrutaron del poder. Corruptos inmorales. Criminales evidentes. Patrocinadores de la violencia y la muerte. Hacedores de pobreza y desigualdad.
Ese juicio es el que hace falta al país en este momento.

Un juicio que impida que las nuevas generaciones de mexicanos vean a los corruptos como políticos a imitar.
Un tribunal público que los condene al desprecio generalizado.

Debemos evitar que los libros de Historia hablen en adelante sobre ellos, con el tratamiento que se da al buen gobernante. Que más bien, se registren sus datos personales asociados a la palabra “corrupción”.

La Cuarta Transformación está liquidando en este momento al viejo aparato político neoliberal.
El cambio, implica la reinterpretación histórica de ese terrible periodo.

Esa es la finalidad que persigue el presiente con su solicitud de consulta popular.
Más que el juicio que pueda darse en el terreno de la Ley, es un imperativo que se dé el juicio en el terreno de la Historia.
Solo así impediremos desviaciones hacia un pasado marcado por lo peor de la política nacional.
Solo así impediremos que recuperen el poder.

Malthus Gamba