Este 2021 está cerrando con todo. La 4T está macaneando y nadie se ha quedado sin su respectivo raspón, porque como es costumbre para el presidente López Obrador, bajita la mano le propina a cada quien la repasada moral o política que se merezca. Y aquí, se hace lo mismo.
A pesar de que no hubo mañanera el viernes 24 de diciembre y que en general la cosa estuvo calmada tuvimos una intensa jornada de parte de las cientos de personas que se apuntaron para recolectar firmas en apoyo a la celebración de la consulta de revocación de mandato, y vamos haciendo un recuento de lo que esto significa: a mediados de la semana anterior atestiguamos cómo el consejero Ciro Murayama tuvo la osadía de descartar a varios de los ciudadanos que recolectaron estas firmas porque, de acuerdo con sus criterios, pudieron demostrar mediante el uso de la app, que los mexicanos somos una especie de bebés estúpidos que no podemos ni siquiera hacer uso de tecnología básica como la que ellos instalaron en los teléfonos para recolectar firmas. Cierto es que en algunas de las “subidas” de las evidencias de recolección de firmas, se colaron entre las fotografías selfies, o fotos de las propias cámaras de los usuarios, pero ello no implica ni en broma, que haya habido mala voluntad como maliciosamente lo expresa el consejero Murayama. Más bien habría que reconocer que la poca cobertura que se tiene a nivel nacional impidió que las evidencias se pudieran subir de manera inmediata tal cual lo solicitaba la misma app. Es así que aseguró que mediante el uso de la aplicación móvil fue posible demostrar la intención fraudulenta de las personas, para engañar al INE y para obligarlo a celebrar una consulta de revocación de mandato que no iba a poder reunir ese 3% del padrón electoral que la propia ley de revocación de mandato requiere.
En consecuencia, y como castigo a la falta de inteligencia de estas personas, el consejero decretó cancelarles el registro para seguir solicitando los apoyos ciudadanos. En el comunicado en redes señala que hay 71,755 firmas simuladas, en las que casi todas son fotocopias de la credencial para votar y que no se trataba de apoyos reales; y justo es por esa trampa tecnológica que la organización “que siga la democracia a.c.” comandada por Gaby Jiménez solicitó en su momento, que el Tribunal ordenara la utilización de registros en papel para la obtención de apoyos ciudadanos, debido a que era incierto que el Instituto permitiera tomar por buenos los apoyos que se fueran a brindar a través de la aplicación móvil. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis: mucho ha hablado el INE de las bondades del voto electrónico, por su casi inexistente costo, pero ¿se imaginan a estos consejeros electorales calificando las votaciones? si con papel, a veces se hace imposible demostrar los fraudes, con los votos electrónicos podríamos tener completa incertidumbre de los números reales arrojados después de cada votación.
Pues bueno, con todo y eso, esta asociación “que siga la democracia” no se amilanó, como tampoco se apachurró Gaby Jiménez y continuó levantando firmas a nombre de la asociación porque era trascendental que se cerrara esta parte del ejercicio ciudadano con la mayor cantidad de firmas de apoyo posibles, y es que ya sabemos cómo se las gastan en el Instituto para cucharear los resultados y evitar que el pueblo use su voz para exigir sus derechos. Y ahí tienen que, entre una entrega y otra, solamente a través de esta asociación, se entregaron alrededor de 10 millones de firmas, que se consiguieron además sin un peso de presupuesto del erario, y con 100% de financiación voluntaria de parte de los propios promoventes de estas firmas de apoyo ciudadano. Ojo, que no tenemos números definitivos de las firmas recabadas por las demás personas y asociaciones.
Y es que hay que recordar que ese 3% del padrón electoral se refiere a 2 millones 700,000 personas, que hayan emitido su firma de respaldo en al menos 17 Estados del país, por lo que fue hasta el 25 de diciembre, fecha límite para hacer estas entregas, en que se completaron alrededor de 10 millones de firmas, que ni aún cuchareándolas pueden bajar de 2.7 millones de apoyos.
También vimos la semana pasada cómo es que la Corte emitió una decisión en la que no apoyó la intención de suspender el proceso de revocación de mandato por parte del INE argumentando la falta de recursos económicos para ello, en la que ordenó tácitamente, que el INE debía cumplir con la responsabilidad que la ley le faculta en exclusiva, para el cumplimiento de su tarea en materia electoral y que tendría que hacer uso del presupuesto con el que cuenta, según consta en el presupuesto de egresos para 2022 aprobado por la Cámara de Diputados; atestiguamos también la rebeldía por la que Lorenzo convenció a 5 consejeros para que le apoyaran en aras de frenar el paso democrático por nuestro país. En conclusión, 6 personas deciden que millones de ciudadanos no emitan su decisión democrática.
Sin embargo, la respuesta fue contundente de parte del poder legislativo en ambas cámaras, al interponer sendas denuncias penales, por incumplir con esas funciones y desacatando lo ordenado por la Suprema Corte; por el delito electoral al equivalente al fraude electoral a que se refiere el artículo 8° de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, además de solicitar el inicio de un juicio político a tales funcionarios públicos. Y no, no es deseo de una venganza, de aquella que ejecutaban las hordas que llevaban teas encendidas y lanzas en ristre; pero es necesario y justo que se dé un escarmiento a esos funcionarios que creen que tienen la razón por encima de la ley y de la propia justicia.
Se hace necesaria una reforma en materia electoral que no solamente voltee a ver los deslices en que han incurrido los funcionarios electorales; sino que prevea, además, la comisión de nuevos delitos y la imposición de criterios que en nada ayudan a erigir una democracia de la altura que los mexicanos merecemos.
Esta propuesta de reforma electoral tiene que empezar por asegurar la justicia de las personas que han debido salir de nuestra patria a pie, dejando no sólo sus pertenencias, sino sus raíces y a su familia y que hoy, son esos héroes anónimos que han ayudado al país como ninguna otra fuente de ingresos en medio de una pandemia de casi 2 años de duración, por medio de las remesas que han enviado a sus familiares y que paradójicamente, no tienen derecho a acceder a una credencialización completa para que puedan ejercer sus derechos políticos ciudadanos desde el lugar en donde se encuentran; queremos que se contemple la reorganización de los calendarios de elección y que se homologuen para que las gubernaturas puedan ser votadas ya sea en las elecciones generales o en las del periodo intermedio, para que no haya necesidad de costear eternamente la existencia de un colegio electoral que hasta este momento, no cumple la función de árbitro que supuestamente tiene, sino que es un seudo órgano meta legal, que le viene haciendo el caldo gordo a la oposición para frenar la voz del pueblo.
Exigimos que se revisen no con lupa, sino con microscopio, cada peso y cada centavo que se les otorga para su funcionamiento; que los sueldos que se perciben nunca más ofendan la inteligencia del pueblo que, literalmente, se parte el lomo para mantener a esta insufrible clase inconsciente de lo ofensivo que resultan. Y esto es sólo un esbozo de lo mucho que podríamos estar resolviendo a través de una reforma legislativa que también acote las tareas que le son asignadas para que, en lo sucesivo, no se arroguen funciones legislativas que les están vedadas por su propia tarea administrativa.
Y bueno, ya para cierre de año acabamos de atestiguar el atrevimiento con el que nuevamente el INE intentó amagarnos, ya que la corte, nuevamente ordenó la no posposición de la consulta de revocación de mandato, lo que obliga a que el Instituto continúe con todas y cada una de las fases que componen este ejercicio. Como era de esperarse al señor Murayama le pareció que esta decisión era un golpe bajísimo al honor del Instituto porque se le está obligando a instalar +161,000 casillas que según sus cálculos, requieren 3,830 millones de pesos, aunque en el monedero del INE sólo haya 1,503 millones, o sea, el 40% de semejante erogación. Y en otra publicación también por vía de redes sociales, siguen llorando su desventura y explican en una tablita muy mona, cuál es el proceso por el que justifican que la instalación de las Casillas tenga semejante costo. Ahí les va:
27.2 millones de pesos para campañas de difusión (que no hemos visto, por cierto)
1,212.3 millones de pesos para contratación de capacitadores y supervisores electorales y personal técnico que capacite a funcionarios de casilla
573 millones de pesos para operación de campo (para convocar y capacitar a la ciudadanía que integrarán las mesas receptoras servicios de telefonía materiales de capacitación uniformes combustible materiales de higiene y desinfección)
1471 millones de pesos para la instalación de 161,490 mesas receptoras, que incluye: la impresión de materiales, tinta indeleble, crayones y otros (todos los “otros” materiales son de puro reciclaje)
31.8 millones de pesos en la impresión de la lista nominal de electores, el sistema de conteo rápido y participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero (que no se ve ni se siente, o sea no existe, porque ellos no van a participar)
1.7 millones de pesos en atención a visitantes extranjeros que participan en la observación electoral
502.4 millones de pesos en apoyos administrativos, arrendamiento de plantas de emergencia, contratación de apoyos administrativos y compensaciones por RM
3.1 millones de pesos para la verificación de las firmas de apoyo a la revocación de mandato (que es la etapa en la que nos encontramos actualmente)
Con mis cuentas (por las que no cobro, aunque debería):
Ahorrar
- 573 millones, si las personas que ya fueron capacitadas para la consulta de juicio a expresidentes accede a ser nuevamente funcionarios de mesa receptora, o sea cero pesos.
- De los 1471 millones, en instalación de mesas, expresar el valor real de la impresión de las boletas, porque el mobiliario, mamparas y demás instrumentos, serán reciclados (no se hagan). Digamos 1000 millones.
- 8 millones en impresión de lista nominal (¿la imprimirán en papiro o vitela?) digamos que ahorran la mitad: 15.4 MDP
- 7 millones a visitantes extranjeros, NO inventen, que ellos sufragan sus gastos, así como reciben viáticos de organizaciones internacionales de observación
- 4 millones, que se desglose a qué se dedica cada apoyo y, si es trabajador(a) del INE u OPLES, su salario cubre esos gastos. Pongamos también que la mitad: 251.2 MDP
- 1 millones en verificación firmas, si ese trabajo lo realiza la propia ciudadanía que tiene siempre mucho ímpetu para participar sin cobrar un peso
LISTO: LES AHORRÉ 1,315.4 MILLONES.
También hablaron del costo que implica volver a salir a las calles para buscar en qué lugares serán puestas tales casillas, como si no fuera de todos conocido que esos espacios son escuelas, canchas deportivas, plazas cívicas, e incluso los patios de casas de las personas que tradicionalmente los han prestado para la celebración de este tipo de ejercicios ciudadanos, pero para semejante labor también se asigna un presupuesto.
El presidente dijo que era buen momento como para que el Instituto aceptara que se han equivocado, no solamente al negarse a llevar a cabo la consulta por aquello del presupuesto, sino al seguir insistiendo en que ellos tienen la razón por encima de la razón de la mayoría que somos el pueblo. Y si, es un buen momento para que se imaginen de dónde podrían estar reduciendo gastos, no sólo para la celebración de esta revocación de mandato tal y como lo ha ordenado la Corte, sino para que en general, este Instituto pueda seguir operando de manera legítima, hasta en tanto se cambiara, por una modificación legal, la forma en que este cuerpo arbitral tendría que estar funcionando, en favor de los mexicanos.
