Caros e inservibles: INE, INAI, IFETEL y lo que falta…

Por @Migueliz8

Como en los cambios de casa, en un nuevo gobierno hay que revisar todos los closets para desechar lo que ya no sirve y conservar sólo lo útil.

La Administración Pública Mexicana tiene rémoras dejadas por gobiernos anteriores caracterizados por su rapiña, codicia e hipocresía. Para mejor saquear al país y aprovechar los resquicios que les dio un libertinaje judicial y legislativo, se saturó al gobierno con leyes a modo y organismos públicos transexenales donde se colocaron incondicionales que protegieran las espaldas de sus favorecedores.

Repasemos algunos de ellos que se caracterizan por costosos e inservibles, además de tóxicos para la democracia. Pero no están todos los que son, ni son todos los que están.

INE

Supuesto organismo “ciudadano” autónomo nacido como IFE en el salinato para intentar encubrir y borrar el fraude electoral de 1988, hasta hoy sólo funciona cada 3 años con muchas limitaciones por su pesada burocracia, que en vano pretende darle un toque democrático a los comicios, sin lograr credibilidad social por su evidente sometimiento a partidos y poderes fácticos.

Así lo demostró en las elecciones de 2006, al permitir la usurpación de Felipe Calderón, por la abierta intromisión en el proceso electoral de Vicente Fox y las cúpulas empresariales (Consejo Coordinador Empresarial y Confederación Patronal de la República Mexicana), expresamente prohibida por la Constitución y leyes electorales (el entonces Cofipe o código electoral).

La ignorancia que asume el INE ante las evidentes violaciones a la Constitución, pese a las evidencias que se le presentan, lo llevan a cometer absurdos como soslayar las reiteradas violaciones demostradas del PVEM en la elección de 2012, al que luego de mucha presión pública y pasados los comicios, sólo multó con una ridícula cantidad que no excediera su asignación presupuestal anual.

En contraste, en las elecciones de 2018 quiso imponer precipitadamente una absurda multa de 197 millones de pesos contra el partido vencedor, Morena, por vagas denuncias del PRI de “sospechas” de un financiamiento no reportado con recursos de la reconstrucción entregados a damnificados de los sismos de 2017 y 2018 recién ocurridos.

Todo ello, aunado a denuncias de excesos con sus presupuestos, ha hecho que su descrédito crezca en proporción directa a los abusos que comete y solapa.

La desaparición del INE implica necesariamente cambiar por completo el esquema electoral mexicano, para evitar los “partidos” familiares o fugaces que sólo buscan financiamiento público, así como impedir que en los estados los responsables electorales se supediten a los gobernadores, por los arreglos partidistas al integrar el órgano electoral, con lo que se evitarían fraudes escandalosos mayúsculos como las elecciones de 20018 en Puebla.

FUNCIONARIOS “ADJUNTOS”

Este fue un absurdo pegote a la alta burocracia, que se le ocurrió a Vicente Fox para acomodar en el Presupuesto Público a amigos y neopanistas que le sirvieron para trepar a la Presidencia.

La idea “gerencial” sirvió para no desplazar a los mandos priistas que mantenían funcionando al aparato oficial, pues el PAN sólo sabía criticar el quehacer público, sin aportar sugerencia práctica alguna, que no fuera asistir a misa y comulgar cada domingo.

Se nombraron “Adjuntos” de secretarios, subsecretarios, directores generales, directores de área y subdirectores, con sueldos y prestaciones similares a sus principales; si acaso, ligeramente inferiores. El mismo presidente tuvo su “adjunta”, con quien se casó para adoptar a sus respectivos “adjuntos”. Fue un crecimiento exponencial en nómina, gasto presupuestal y, desde luego, en corruptelas.

Pese a tanto nombramiento, la eficacia del gobierno de la mal llamada “alternancia” (que sólo quedó como anécdota publicitaria electoral) siguió siendo nula, pues creció la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la falta de servicios oportunos y eficientes para la ciudadanía, el endeudamiento público y privado, la carga de impuestos y la desatención a las necesidades populares, pues Vicente Fox insistía en que su gobierno era “de empresarios, por empresarios y para empresarios”, en ridícula paráfrasis del enunciado constitucional de Estados Unidos (gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo), y olvidándose por entero de quienes, ingenuamente, creyeron todas sus promesas de campaña y acudieron en masa a emitir su voto por quien juró “sacar al PRI de Los Pinos”, sólo para darle un acomodo a su gusto.

Los “Adjuntos” continuaron durante la usurpación de Felipe Calderón, pues como firme creyente del “lassez faire, lassez passer” (dejar hacer, dejar pasar) en justificación de su indiferencia e ignorancia de los asuntos públicos, dejó que todo el gobierno siguiera a cargo de la nomenklatura, mientras él se dedicaba al culto a Baco, como fue comidilla pública tratada de ocultar a toda costa y que significó grave reprimenda y censura a Carmen Aristegui, la periodista que sólo citó a un legislador (Gerardo Fernández Noroña) que lo denunció en el Congreso.

Con Peña Nieto se suprimieron algunos “Adjuntos” de los organigramas oficiales, para dar prioridad al alza salarial y prestaciones, de los nuevos cortesanos burocráticos llegados del Estado de México, los nuevos favoritos incompetentes, pero muy bien pagados.

INAI

Pretendido organismo autónomo transexenal, creado por Vicente Fox como supuesto recurso de “transparencia”, pero en realidad sólo sirvió para esconder bajo un disfraz legaloide, sus turbios manejos financieros con el pretexto de “Seguridad Nacional”, además de darle empleo bien remunerado y transexenal a sus amigos y bases de apoyo panista.

Así se estableció que todo expediente, documento o contrato revelador de cochupos, transas y corrupción a granel, de inmediato se clasificara como “Seguridad Nacional” y se mantuviera “en reserva” durante muchos años, hasta que prescribiera cualquier posible acción legal.

Se volvió moda salvadora entre la nueva clase gobernante para encubrir su corrupción y ponerse a salvo de cualquier acusación.

En otros países sin tanto cinismo oficial, el recurso de Reserva o Confidencialidad está reservado exclusivamente a sus Fuerzas Armadas y Organismos de Inteligencia o Contrainteligencia, pero no a cualquier área administrativa ni para los contratistas de licitaciones amañadas.

El INAI (antes IFAI) sólo es un pretendido barniz de “legalidad” a la opacidad del gobierno, pues recibe quejas de ocultamiento de información gubernamental, pero poco hace por resolverlas sin molestar a los funcionarios, como tampoco pone mucho interés en el manejo de datos personales de los ciudadanos que se comercian en bases de datos que aparecen por todos lados, a disposición de quien pague por ellas, como empezó a hacerlo el Registro Federal de Electores, inaugurando una moda que perdura hasta hoy.

El INAI sólo se limita a exigir un “Aviso de Privacidad” que autoriza la manipulación de información personal del público como prerrequisito de cualquier trato. El regulador aduce que el público puede negar su permiso, pero entonces se le desecha y se le impide continuar cualquier trato. Como en los cajeros automáticos, o se autoriza el permiso o va para afuera. Los ciudadanos quedan a merced de los supuestos “regulados”.

IFETEL (ex Comisión Federal de Telecomunicaciones)

La Comisión Federal de Telecomunicaciones la creó Ernesto Zedillo para regular a los participantes en radiodifusión y telecomunicaciones mexicanas, cuando en Televisa (acaparador de televisión, radio y editoriales) hubo pleito accionario entre el tercer Azcárraga de la lista y los herederos de Guillermo Cañedo de la Bárcena, quienes acudieron al Presidente como árbitro para mediar en el diferendo.

Con su frase “Para mí, Televisa es Azcárraga”, Zedillo favoreció el monopolio y quiso evitar que los Cañedo White buscaran resquicios para alianzas competidoras, especialmente con el concesionario de Telmex, quien pretendía que el gobierno modificara su título de concesión para incluir la televisión, como ya estaban haciendo sus competidores con el “triple play”.

Zedillo maniobró para hacer una ley intrincada, con tanto obstáculo y burocracia manipulada por los partidos y los supuestos “regulados”, que impidiera cualquier posibilidad de competirle a Televisa (monopolio “dentro del marco de la ley”), pero nunca previó el auge de las redes sociales y plataformas digitales, aunado al descrédito descomunal de sus antes incuestionables “periodistas” que abiertamente mentían para justificar la voracidad del gobierno, lo que socavó el monolito televisivo y en 2018 ocasionó un descomunal giro en el esquema político mexicano.

La justicia de Estados Unidos se encargó de darle la puntilla al influyente Azcárraga, al presentar ante sus tribunales acusaciones de corrupción en la obtención de exclusividades de los campeonatos mundiales de la FIFA.

El IFETEL no se atrevió a indagar esas acusaciones que afectaban al público atendido por su “regulado” y olímpicamente se desentendió.

Volvió a la plácida quietud del ocio con cargo a los contribuyentes mexicanos.