Cannabis: Primero los pobres, después el mercado.

@DiegoAlanisA
A pesar de que el lema del Presidente ha sido “por el bien de todos, primero los pobres” el dictamen aprobado en lo general por las Comisiones de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República sobre la regulación para el cultivo, la producción, el uso y el consumo personal de la cannabis termina generando condiciones de desigualdad para las personas campesinas, consumidoras y usuarias pobres; beneficiando principalmente a las farmacéuticas, a los grandes productores y a las personas usuarias, consumidoras y dependientes de ingresos considerables, así como poniendo en alto riesgo de extorsión a las personas jóvenes.

Me explico. La Suprema Corte de Justicia a través de sus ocho tesis de jurisprudencia ha mandatado al Congreso de la Unión para regular el uso, consumo, siembra y cosecha del cannabis psicoactivo, no psicoactivo y sus derivados; al considerar, que prohibir el uso personal es anticonstitucional porque atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, de conciencia y expresión encaminadas a salvaguardar el orden público de salud.

Sin embargo, pareciera que el dictamen trata de orientar su regulación a restricciones que afectarían en primera medida a las personas pobres y a grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, en el caso de la posesión se plantea la posibilidad de permitir de 5 a 28 gramos y hasta máximo 200 gramos con una multa que podría ascender hasta los 10,000 pesos. Por lo tanto, si la posesión es mayor a 200 gramos se procedería prisión de tres a seis años.

Lo anterior deja entrever que el dictamen acentúa la criminalización del cannabis porque finalmente se deja en una posición de extorsión a las personas jóvenes que son víctimas de las revisiones policiales, donde se pueden montar siembras indebidas por parte de los policías para justificar el acto “ilícito” de mayor posesión permitida de una sustancia “licita”; lo que conllevaría a dos opciones: extorsión por parte de los policías para recibir una “mordida” y no pagar la multa costosa, o que las personas con un nivel socioeconómico estable se amparen o paguen la multa.

Por otra parte, en el tema de cultivo y la producción hay una diferencia abismal entre las personas que cultivan para uso personal, los campesinos y las grandes empresas como la Asociación Nacional de la Industria Cannábica y Khiron Life Sciencies. De tal forma que el dictamen sobreregula los requisitos para el empacado de la sustancia ya que se obliga a que el empaque sea reciclable, biodegradable, compostal, hermético y resellable, por lo que, estos criterios alejarían a los campesinos pobres que no cuentan con bienes de capital de su participación del cultivo y la producción de cannabis y de sus derivados, dejando a modo de que los grandes empresarios y las farmacéuticas saquen mayor valor en el mercado.

De la misma forma, el dictamen contempla que personas que cultivan marihuana en sus domicilios particulares deberán registrar sus semillas y plantas ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, lo que genera una sobreregulación sobre el consumo de sustancias. Incluso, el registro es un dispositivo de poder sobre el cuerpo de las personas lo que se contrapone con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, se contempla un permiso para las asociaciones consumidores de cannabis que deseen utilizar el espacio público para su consumo.

Lo anterior, provocaría que las personas consumidoras tengan mayor acercamiento al mercado negro por el fácil acceso a la sustancia, a comparación de los tres registros burocráticos. De tal modo que, el cannabis al ser la sustancia psicoactiva  “ilegal” más consumida en México por ser de mayor acceso para los pobres, el dictamen estaría proporcionando fuertes restricciones para quienes sería complicado importar y registrar una semilla canadiense o estadounidense.

Esperemos que en la discusión particular del dictamen se tome en cuenta, el enfoque de derechos y no de mercado, que no se busque como estrategia de seguridad ni mucho menos como combate al crimen organizado, que no criminalice ni penalice a las personas usuarias y consumidoras, sin limitar la posesión ni el cultivo y sí gravar con impuestos a las grandes empresas productoras.

[1] Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016-2017.