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A pesar de que los programas sociales implementados por el gobierno federal están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho universal, por lo que ninguna autoridad tiene la capacidad de coartarlos, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés insiste en que éstos son usados “para coaccionar el voto las personas más vulnerables”.

Cortés ha llegado, con este absurdo argumento, al extremo de solicita a las autoridades de la Fiscalía de Delitos Electorales, que investigue ese “grave delito”, esto para que “frenen el desvío de recursos con fines electorales”, pues, asegura,  “las brigadas de los programas de Bienestar recorren las calles y tocan las puertas con una lista de beneficiarios, con ello amenazan, engañan e intimidan a las familias diciéndoles que si votan por otro partido no podrán recibir los apoyos”.

“Por eso le exigimos al INE y a la Fiscalía de Delitos Electorales que a través de una campaña publicitaria promuevan el voto libre y secreto, que investiguen y sancionen el uso de los programas sociales con fines electorales por parte de funcionarios federales y operadores de Morena. Es urgente hacerlo para garantizar el voto libre y secreto”, expresó Cortés.

Y es que, según el panista, Morena hace uso ilegal de los padrones de beneficiarios para chantajear a la ciudadanía y voten por ellos, por lo que que el PAN ya presentó ante las autoridades electorales varias denuncias y está preparando otras, “para que se sancione con todo el peso de la ley el uso de los programas sociales con fines electorales, pues está tipificado como delito grave”.