Sindicato Mexicano De Electricistas

Amparos; otra perversión neoliberal

Por Miguel Ángel Lizama
@Migueliz8

El insigne jurista yucateco Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá nunca imaginó que el JUICIO DE AMPARO que ideó, sería utilizado como herramienta contra el Pueblo en que pensó y al que dirigió su esfuerzo de protección contra arbitrariedades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, confiando en un Poder Judicial al que le atribuía un justo y sabio proceder. Mi paisano nunca imaginó una Corte -nombrada y empoderada por un Ejecutivo avasallador, corrompido y destemplado- emitiendo fallos y sentencias inapelables en perjuicio de la justicia y bienestar del Pueblo mexicano, hasta sobreponer a la Constitución General de la República la autoridad de un convenio o tratado internacional.

García Rejón y Alcalá quizás jamás imaginó ni en sus peores pesadillas, que mexicanos preparados en colegios y universidades extranjeras, con becas financiadas por dinero de todos los mexicanos, pervertirían la base jurídica de México para servir a intereses ajenos, en detrimento de quienes costearon sus estudios y merecían la mínima reciprocidad. Para un filósofo y jurista como García Rejón, eso hubiera configurado una traición con alevosía y ventaja.

Sin embargo, aunque sea triste reconocerlo, es la realidad que padece México desde que en 1982 trepó al poder un grupo de mexicanos pretenciosos e insuflados, preparados en el extranjero, sin conocimiento ni sensibilidad hacia las necesidades del país, sino inmersos en una realidad distinta, de objetivos totalmente ajenos, entre los que prevalecía uno superior: EL LUCRO. Para lograrlo sin mesura y practicar lo aprendido afuera, empezaron a modificar todo lo interno, empezando por sus leyes.

Aprovechando el poder omnímodo del aparato político vigente y sin la preparación debida, se pusieron a cambiar el marco jurídico prevaleciente para ajustarlo a sus fines, donde los conceptos Pueblo, Bienestar y Justicia fueron simples recursos discursivos, estorbos en la macroeconomía a implantar para codearse con “los grandes”, boleto de entrada a la llamada Aldea Global, creada y manipulada por banqueros de rancio abolengo, dirigiendo el concierto mundial desde sus mansiones en la Costa Este de los Estados Unidos.

Entre los “muebles legales” que debieron ser sacudidos y reacomodados al gusto de los nuevos controladores del país, estuvo EL AMPARO, pensado por García Rejón para proteger al Pueblo, pero que los alumnos de universidades extranjeras adecuaron para lucrar y acrecentar sus capitales, alejándolo del alcance de sus destinatarios originales. De ese modo convirtieron EL AMPARO en un recurso tan complicado y costoso, sólo accesible para eruditos de los grandes caudales crecidos con el poder, que la gente común sólo lograba tenerlo en textos de escuela o referencias históricas. Hoy EL AMPARO se ha convertido en el arma preferida y recurrente de la élite que se siente desplazada del poder por voluntad popular. Contra la enorme afrenta de perder privilegios por el voto ciudadano, los favorecidos con el lucro recurren al Amparo y los jueces “legalistas” se los conceden, aunque arruinen a la gente. Caso ilustrativo: el desdichado ANATOCISMO (usura legalizada por la Corte) causante de ruinas y muertes por proteger la voracidad de los bancos urgidos de recuperar lo invertido en su compra.

En vísperas de abandonar el poder usurpado, Felipe Calderón deshizo y rehizo a conveniencia LA CONSTITUCIÓN y LA LEY DE AMPARO, para lograr que cualquier grupo, alegando una causa general, tuviera derecho a pedirlo y obtenerlo. O sea, la protección ya no sería al ciudadano necesitado, sino a los grupos interesados en algo. Este fue el caldo de cultivo de tanta “organización de la sociedad civil” que proliferó con exenciones fiscales, algunas con verdadera orientación a los necesitados, pero la mayoría como pretexto proselitista de ramas de la Iglesia católica o grupos de interés particular, como los de Claudio X. González Guajardo y otros conspicuos personajes del empresariado del país, que arremeten contra todo lo que implique mejora para el ciudadano mexicano.

Y lo peor fue que, para mostrar su “internacionalismo”, al llegar al poder Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, que modificó el concepto original del Amparo para, supuestamente, modernizar y convertir la ley en “realmente protectora de los derechos humanos y sus garantías contenidas en la Constitución y los tratados internacionales”. En realidad privilegió todo lo extranjero sobre el derecho fundamental de los mexicanos.

Por esa razón, EDUARDO MEDINA MORA (“Milusos” tecnócrata, habilitado como Ministro de la Suprema Corte sin tener carrera judicial) pisoteó una disposición gubernamental mexicana, para poner sobre ella un mandato extranjero, alegando un tratado internacional. De un plumazo, y abusando de la capacidad INAPELABLE de la Suprema Corte, Medina Mora decretó que sólo una autoridad extranjera puede ordenar a bancos del país la congelación de cuentas en México, borrando la autoridad del ente gubernamental mexicano investido para ello. Cesión de soberanía nacional en un Amparo ordenado por un ministro habilitado.

Ante el aquelarre jurídico, un junior prominente (X. González Guajardo) hizo industria del AMPARO, dándose vida de jeque por cuenta de las exenciones fiscales (dinero público) para sus Fundaciones “sin fines de lucro”

Por la animadversión hacia el Presidente López Obrador por parte de traficantes de influencias, en cuanto AMLO anunció la cancelación del mega negocio pretendido como Aeropuerto de Texcoco, el junior X. pagó una lluvia de amparos contra esa obra, aduciendo las más descabelladas razones y sinrazones, exigiendo todo lo que no había exigido a los promotores de la rapiña neoliberal. Para fortuna del país, un inesperado y audaz movimiento maestro logró echar abajo TODOS los amparos.

Inconforme, el junior X. convocó a los abogados del país a contratarse con él y sus fundaciones sociales para sepultar en Amparos al Poder Judicial, y detener todas las obras de la actual administración, hasta que termine su periodo constitucional, con la esperanza poco viable de imponer un nuevo gobierno, más empático con la rapiña, como era antes.

Si MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ reviviera, exhortaría a CAMBIAR LA LEY DE AMPARO para retomar su origen primigenio, desechando el mamotreto actual en que se escudan los jueces para seguir encubriendo y alentando la Corrupción que tanto ha dañado a México y lo sigue deteriorando, hasta que el Estado de Derecho enderece todas sus deformidades neoliberales.