Activistas españoles piden a AMLO respeto a la prensa; en su país reina la censura

Hoy la conferencia de prensa se la llevó la representante de una organización en defensa de los periodistas y libertad de expresión.

El Presidente de México dio la palabra a Silvia Chocarro, quien dijo representar a 17 organizaciones internacionales, por invitación de 30 periodistas y representantes de la llamada “sociedad civil”, ella y varios representantes llegaron a nuestro país para conocer la situación de violencia a los periodistas.

Tras una serie de análisis y datos sobre lo que sucede con los periodistas, la activista ofreció al López Obrador una serie de “recomendaciones”, entre ellas mayor presupuesto y seguridad para el periodismo, pero lo que llamó la atención es que Chocarro quiso comprometer al mandatario federal a no usar palabras fuertes contra periodistas y defender la democracia.

A lo que el presidente respondió que jamás ha ofendido a los medios de comunicación, que él no estigmatiza a los periodistas, pero sí a la corrupción.

Ante la insistencia de la activista española, por comprometerlo a usar un lenguaje “respetuoso” hacia los medios, López Obrador reiteró “Es que no tengo otro lenguaje, no tengo por que comprometerme, sencillamente, actúo con respeto a todos”

Sin embargo, llama la atención que pida respeto y libertad de expresión hacia el gremio periodístico en México, cuando en su propio país, han sucediendo varios actos de censura.

Por ejemplo, el día de ayer, se decretó que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Economía, podrá, “con carácter excepcional y transitorio”, intervenir y asumir la “gestión directa” de redes y servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

De acuerdo con información de El País, “Así lo establece el real decreto ley que aprobó el viernes el Consejo de Ministros con el fin declarado de sofocar el proyecto de república digital en la que trabajan la Generalitat y las fuerzas independentistas catalanas, y que busca crear un Estado paralelo en Internet.

La normativa contempla que el Ministerio de Economía pueda ordenar “sin audiencia previa” al interesado el cese de la actividad de las redes de comunicación “cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional”. También cuando esta actividad perturbe el funcionamiento de servicios de seguridad pública, protección civil y emergencias, o cuando “cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones”. Los sistemas de comunicación por Internet han sido vitales para el llamado Tsunami Democràtic, la plataforma que controla las protestas independentistas en Cataluña contra la sentencia del procés y que han derivado en choques violentos con las fuerzas de seguridad.

Otro caso:
En el año 2017, se desató una polémica por la condena de cárcel contra el rapero Valtònyc que fue acusado de injuriar a la monarquía en sus canciones.

La sentencia de 3 años por un Tribunal en España consideró que letras del rapero se suponen un apoyo a “los medios violentos” de las organizaciones armadas ETA y Grapo; y que contienen injurias, calumnias y amenazas de muerte contra el rey español y su familia.

¿Entonces? ¿Qué pasó ahí?

Con información de El País y BBC