Abogada al servicio de hoteleros norteamericanos, detrás de demandas “ambientalistas” contra el Tren Maya: Polemón

De acuerdo con la más reciente investigación de Jorge Covarrubias, para la revista Polemon, la abogada Antonella Vázquez Cavedon, quien se ostenta como presidenta de la Asociación Civil de la que exdirectora: Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS), a quienes un juez otorgó un amparo contra la construcción del Tren Maya, es en realidad, la apoderada legal de varias empresas hoteleras de capital norteamericano que ven afectados sus intereses por el nuevo trazo en la ruta cinco del Tren Maya, pues al parecer, pretendían hacer grandes negocios con la especulación provocada por el anterior trayecto.

Vázquez Cavedon, quien es socia de los hoteleros solamente en el papel, pues posee únicamente una acción en cada una de las empresas operadoras, fundó en 2018 la organización supuestamente “ambientalista” DMAS, sin aparentes fines de lucro ni posición política, que sin embargo hace abundantemente evidente en su presencia en redes, difundiendo los mensajes de conocidos personajes abiertamente en contra de la actual administración, como Claudio X. González, Max Kaiser, Javier Lozano, Enrique Krauze y León Krauze, entre otros.

Aparentemente, la razón para que estas empresas hoteleras norteamericanas incluyeran a la abogada en sus actas constitutivas, fue para, mediante recursos legaloides, cometer un fraude procesal y así violar impunemente el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en una de sus fracciones señala: “En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”, obteniendo como resultado la concesión de 1,642.76 metros cuadrados de playa.

Pero ahí no para, la licenciada Antonella Vázquez también lucra con los servicios turísticos, con los festivales populares, mediante la obtención de permisos para la renta de espacios en la vía pública y hasta con los servicios de infraestructura municipales, tales como pavimentación.

Lo sorprendente es que la asociación que preside, no parece representar los intereses de las comunidades por las que circulará el Tren Maya, ni tampoco de los ejidatarios que verán impactadas sus propiedades, por lo que su interés jurídico es, cuando menos, cuestionable.

Información de Jorge Covarrubias, publicada en la revista Polemon.