En un mercado dominado por tan solo tres empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, el argumento de que el aumento en los precios de la luz para los consumidores finales se debe a los altos costos del gas, se antoja insensato, sobre todo que las compañías Iberdrola, Endesa y Naturgy se jactan de su eficiencia y énfasis en “energías limpias” más baratas.

Y es que el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista subirá este viernes 15 de octubre un 7.5 por ciento respecto al precio de este jueves, hasta alcanzar los 231.82 euros el megavatio hora (MWh), lo cual lo sitúa como el segundo registro más alto de la historia.

Esta información es preocupante, por decir lo menos, para México porque es el mismo proyecto energético que se implantó en nuestro país con la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que, de no revertirse, se convierte en el inevitable futuro que nos espera.

La estructura comercial para la electricidad establecida en España, obliga al consumidor final en hogares a pagar una factura promedio que alcanza los 135.57 euros, equivalentes a unos 3 mil 200 pesos mexicanos, durante el mes de octubre que, comparado con los 171 pesos que desembolsa al mes una familia en México, se puede comprender la magnitud del desfalco que significa para un trabajador español.

A pesar de que se determinó que, para la comercialización del bien de primera necesidad, como lo es la electricidad, se establecieran dos tipos de tarifas: una determinada por las empresas y la otra eufimísticamente llamada “Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor” (PVPC), ésta última se encuentra indexada a la primera, por lo que en la práctica no representa ningún alivio económico.

Para colmo, las medidas adoptadas por el Gobierno español son muy pocas, tibias y absolutamente insuficientes, pues no tocan ni por asomo la raíz del problema: la voracidad de las empresas privadas de generación y distribución de energía eléctrica.

Así, la reducción del IVA al 10 por ciento, la suspensión del impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0.5 por ciento o la contribución esperada de 2 mil 600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’, no han resuelto absolutamente nada, como se puede constatar en los constantes y desorbitados incrementos en los precios.

Pero el problema no se limita a España, pues la comunidad europea insiste en proteger el esquema privatizador de la energía eléctrica y ya otros países empiezan a sufrir las consecuencias, viendose obligados a tomar medidas emergentes que, si no enfrentan el problema real, tendrán los mismos resultados que son evidentes en el mercado español de la electricidad.