Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia falló a favor de que la ley eléctrica es constitucional y debe aplicarse, desechando las quejas y argumentaciones de las eléctricas privadas, que han estado violando sistemáticamente su contenido para saquear al país en beneficio de unos cuantos rapaces.
Después de este acontecimiento la pandilla de diputados traidores a la patria, insertada en la Cámara de Diputados por los cárteles políticos de oposición, votó en contra de la Reforma Eléctrica enviada por el Ejecutivo, que contenía los principios de la ley avalada por la Suprema Corte unos días antes, evidenciándose como vende patrias, prácticamente solo por el gusto de hacerlo, sin que su voto tuviera relevancia en el desarrollo de mercado eléctrico nacional.
Pasado todo esto, el presidente López Obrador informó que el gobierno se reuniría con las eléctricas privadas, para acordar con ellos la forma en la que podrían continuar haciendo negocios sin perjudicar a los demás como había sido hasta hoy y para que operaran dentro del marco de la ley eléctrica vigente.
Sin embargo en este escenario, hay empresas que violaron flagrantemente la ley con alevosía y conocimiento de causa, ganando dinero a manos llenas en perjuicio de la sociedad, sin acatar ninguna regulación, creyéndose además dueños del país.
Un buen ejemplo claro de estos saqueadores arrogantes, lo representa la empresa española Iberdrola, que hace lo que le da la gana dondequiera que se instala, incluso en su propio país, actuando para extorsionar y empobrecer a los ciudadanos, pero en México se les acabó la oportunidad de hacerlo.
Para empezar hace unos días le negaron a Iberdrola el permiso para construir una de sus plantas en Yucatán, por no respetar el medio ambiente. Acto seguido, la Comisión Reguladora de Energía anunció el viernes que le aplicará una multa de 9,145 millones de pesos, equivalente a más de 460 millones de dólares, por haber estado violando la ley con sus socios de autoabasto en su operación de Nuevo León, donde le vende ilegalmente energía a 400 empresas de la región.
Así como esta empresa existen otras españolas e italianas, que después de haber vivido en el paraíso de la corrupción durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, donde todo lo arreglaban a billetazos, con sobornos a los funcionarios corruptos, creyeron que podrían continuar haciéndolo, considerando a México como zona franca para robar y pisotear los derechos de los consumidores, justo como lo hacen en sus países.
Para su desgracia se toparon con un gobierno que no admite corruptelas ni negocios sucios, respaldado por la mayoría de un pueblo que está cansado de tener que soportar los abusos de todos estos enanos morales sin escrúpulos y hoy se tienen que ajustar a las reglas que establecimos los mexicanos para que se hagan negocios en nuestra tierra, o se largan a robar a otra parte, porque aquí ya no se los vamos a seguir permitiendo.
Es seguro que van a patalear, a pagar a sus plañideras mediáticas para que intercedan a gritos por ellos públicamente, a alquilar sicarios informativos para que ataquen la decisión de las autoridades, o a intentar comprar a fiscales y jueces para ahorrarse las multas, pero lo que queda claro es que ya no van a poder seguir operando como lo hacían, sin tener consecuencias que puedan llevarlos incluso a la cárcel.
En México se acabó el saqueo tolerado; para estos y para otros rapaces que no quieren entender que ya no tenemos un gobierno de ladrones ni un pueblo de esclavos.
Como dijo la escritora chilena Isabel Allende: “Los matones son fáciles de doblegar y la arrogancia es propia de los ignorantes”.
