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Denuncian al alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por enriquecimiento ilícito
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Denuncian al alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por enriquecimiento ilícito

Debido al crecimiento exponencial en el patrimonio de su empresa, XC Internacional Comerce SA de CV, varios concejales de Morena denunciaron alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar ante la Fiscalía General de la Justicia (FGJ), por el presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

La empresa de Gutiérrez tuvo un incremento inusitado desde que se asoció laboralmente con el diputado sin fuero Mauricio Toledo en 2016, durante la gestión de Valentín Maldonado como jefe delegacional, pues durante el tiempo en que el ahora prófugo de la justicia fungía como diputado local y presidente de la Comisión de Presupuesto de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, obtuvieron contratos por más de 50 millones de pesos.

En la denuncia contra el alcalde electo, emanado de la alianza “Va Por México“, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se denuncian los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como cualquier delito que se configure en la etapa de investigación, por lo que los concejales exigieron que se inicie una carpeta de investigación.

Esto sucede después de que el alcalde electo confirmó que Toledo tenía un contrato de honorarios asimilados, mediante el cual se le pagaron más de 700 mil pesos, sin embargo al parecer, la relación laboral entre Giovani Gutiérrez y Toledo es parte de una investigación que realizan la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectaron que el ex delegado de Coyoacán recibió depósitos de más de 224 millones de pesos.

Esto se suma a la carpeta de investigación abierta contra Mauricio Toledo por la FGJ por omitir reportar bienes millonarios que no concuerdan con sus remuneraciones como servidor público, razón por la cual la Cámara de Diputados federal aprobó el desafuero del legislador y la fiscalía capitalina solicitó una orden de aprehensión para que enfrente un proceso penal en su contra.

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