¡Con razón tan enojados! EPN dio 188 contratos, unos 780 mdp a 15 ‘intelectuales’; hoy férreos críticos de AMLO

El puro y llano interés económico llevó a diversos empresarios, ex funcionarios, funcionarios y dirigentes de asociaciones de la sociedad civil a la fundación en 2020 de la organización Signos Vitales, que aglutina una amplia red de complicidades y tráfico de influencias que obtuvo, tan solo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 188 contratos por un valor de 780 millones de pesos, repartidos entre 15 de los integrantes de Signos Vitales.

Curiosamente la asociación civil que acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador de destruir a México y llevarlo al totalitarismo, integrada entre otros por María Amparo Casar, Jaime Zabludovsky, Luis Carlos Ugalde, Edna Jaime, Luis de la Calle, Alejandro Hope, Miguel Székely y Carlos Mancera, solía ser la receptora de los jugosos contratos gubernamentales.

De acuerdo con una investigación realizada por el periodista Álvaro Delgado, quince de los de los 44 integrantes de Signos Vitales presidida por el economista Enrique Cárdenas —quien quiso ser candidato de Morena a Gobernador de Puebla en 2018—, recibieron mediante consultorías y empresas de las que son integrantes por lo menos 188 contratos públicos por más de 780 millones de pesos en dependencias del Gobierno del priista Peña Nieto.

El periodista detalla que prácticamente la mitad de esos contratos, 95 de los 180, se concentró en cinco fundadores de Signos Vitales —Edna Jaime, Alejandro Hope Pinsón, Mancera Corcuera, Székely Pardo y Juan Carlos Belausteguigoitia Rius—, que acumularon 731 millones 700 mil pesos, es decir, más del 93.7 por ciento del total.

Otros exfuncionarios miembros del “comité asesor de especialistas” de Signos Vitales beneficiados con contratos en el gobierno de Peña Nieto son: Luis de la Calle, exfuncionario de Ernesto Zedillo; Carlos Elizondo Mayer Serra, consejero de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Vicente Fox; Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La información oficial sobre los 44 integrantes de Signos Vitales están relacionados con una red de 90 empresas, 75 de las cuales los integrantes de la asociación civil son accionistas, miembros del consejo de administración o ejecutivos, como directores generales o presidentes, se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Obligaciones de Transparencia, pero hay otras 15 empresas ligadas a Signos Vitales mediante lazos familiares directos.

De esta colusión entre lo público y lo privado, entre empresarios, funcionarios y miembros destacados de la “sociedad civil organizada”, que solían ser beneficiarios de millonarios contratos del gobierno, nace el notorio y vehemente activismo político de sus integrantes y cuyo producto terminado conocemos como la coalición “Va Por México”.

Esta coalición, construida por Claudio X. González Guajardo, presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuya sucesora, Casar Pérez, fundó Signos Vitales y fue coordinadora de asesores de Santiago Creel, Secretario de Gobernación de Vicente Fox, también constructor clave de la alianza.

Y su activismo en contra de la cuarta transformación se explica por la reducción en el número y valor de los contratos asignados durante la actual administración, que a estos individuos les representa una caída del 88.5 por ciento en el valor de las contrataciones públicas.

Pero la red de complicidades es amplia, pues Signos Vitales reconoce expresamente que “está ligada con organizaciones de la sociedad civil y con universidades, centros de investigación y medios de comunicación en el país y en el extranjero, con fundaciones nacionales y extranjeras, y con organismos internacionales”.

Así vemos que, por ejemplo, VAlora Consultoría obtuvo 29 de los 188 contratos señalados durante el gobierno de Peña Nieto, por un monto total de 44 millones 491 mil pesos, empresa que cuenta entre sus socios principales a Miguel Limón Rojas y Mancera Corcuera, Secretario y Subsecretario de la SEP con Ernesto Zedillo.

Pero el mayor monto de los 15 contratistas ligados a Signos Vitales lo obtuvo la empresa de la que es accionista Edna Jaime Treviño, directora de la organización civil México Evalúa, que recibió 529 millones 174 mil pesos en sólo seis contratos, entre 2016 y 2018.

Jaime Treviño, quien ya no recibió contratos en la administración actual, forma parte del “comité asesor de especialistas” de Signos Vitales, es accionista desde 2004 de la empresa Prefamovil, S.A. de C.V., que durante el sexenio de Peña Nieto ganó varios contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todos enfocados en el sector de la construcción.

Por su parte Alejandro Hope Pinsón, funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Gobierno de Calderón y consejero de Margarita Zavala, obtuvo también el tercer mayor número de contratos del Gobierno de Peña Nieto a través de dos empresas de las que es socio: STEnergea S.C., siete, y Grupo de Economistas y Asociados (GEA).

La red de complicidades y tráfico de influencias en esta empresa incluye, además de Alejandro Hope, a Jesús Reyes-Heroles González Garza, director de Pemex en el Gobierno de Calderón, secretario de Energía con Zedillo, de quien fue embajador en Washington, en cuyo periodo su asesor fue Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE.

Miguel Székely Pardo, miembro fundador de Signos Vitales, dirige el Centro de Estudios Educativos y Sociales que, a través de la empresa Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, S.R.L. de C.V., obtuvo contratos del gobierno federal por 20 millones 444 mil pesos, entre 2014 y 2019.

Amparo Casar Pérez, quien sustituyó a González Guajardo en la presidencia de MCCI, obtuvo también 16 contratos con los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador, a través de la televisora Canal Once, con un monto total de cinco millones 750 mil pesos.

Y la generosidad de Peña Nieto con el dinero público continuó con Jaime Zabludovsky, fundador de Signos Vitales y miembro del comité ejecutivo, que recibió contratos por 10 millones 339 mil pesos a través de la empresa IQ Inteligencia comercial, que ofrece consultoría sobre comercio exterior e inversión, Graciela María Teruel Belismelis, integrante del Comité asesor de especialistas de Signos Vitales y experta en educación, beneficiada con 13 contratos por 10 millones 901 mil pesos, Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien presidió el IFE en la elección de 2006, quien recibió contratos por casi 12 millones de pesos del Gobierno de Peña Nieto.

El “comité nacional” de Signos Vitales, cuyo secretario ejecutivo es Carlos Lascurain, exsubsecretario de Educación de Puebla, está integrado por Casar Pérez; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Julio Frenk, Secretario de Salud de Fox; Federico Reyes Heroles, exmiembro de Transparencia Mexicana; Jorge Suárez Vélez, colaborador de Letras Libres, y Duncan Wood, director del Instituto México en el Wilson Center.

El “Comité asesor de especialistas” de Signos Vitales incluye, además de los mencionados, a exfuncionarios de los gobiernos de Fox como Eduardo Sojo, Secretario de Economía; Rogelio Gómez Hermosillo, funcionario de Sedesol, así como de Calderón como Salomón Chertorivsky, de Salud, y José Antonio Polo Oteyza, coordinador de asesores de Genaro García Luna.

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Otros integrantes son el ministro en retiro José Ramón Cossío, Jaqueline Peschard, Luis Foncerrada, Gonzalo Hernández Licona; Carlos Hurtado, Lorenza Martínez Trigueros, Lourdes Melgar, Francisco Suárez Dávila, Carlos Serrano, Sylvia Schmelkes, José Sarukhan Kermez, Hernán Sabau, Francisco Rivas, Alfonso Mendoza, Manuel Molano, Carlos Heredia y Tonatiuh Guillén.

En contraste, estos son los contratos que ha dado el gobierno de López Obrador a la AC “Signos Vitales”

Con información de Sin Embargo