El día de ayer la Fiscalía General de la República hizo dos anuncios relevantes. En el primero dio a conocer que el FBI de los Estados Unidos, había solicitado información sobre las operaciones financieras de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se refirió como Francisco G, en virtud de que en ese país están llevando a cabo sus propias pesquisas para detectar probables delitos de parte de ese sujeto dentro de su territorio.
En el segundo, nos comunicó que había iniciado averiguaciones sobre delitos electorales presuntamente cometidos por el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, a quien se refirió como Adrián D, por la promoción del voto a través de la entrega de apoyos sociales, un asunto que está tipificado en la ley electoral como delito grave y por el cual, quien lo cometa, no alcanza fianza.
Hay que recordar que este candidato ha venido prometiendo apoyos sociales de 1,500 pesos mensuales a quienes voten por él y ha repartido tarjetas de débito con su propaganda electoral, en las que supuestamente recibirían el dinero una vez que ganara la elección.
Estas acciones fueron objeto de una denuncia pública por el mismo Presidente de la República en sus conferencias matutinas, quien además señaló que el INE ni siquiera había volteado a ver a este delincuente electoral a pesar de su evidente violación de la ley. Por su parte y aunque parezca increíble, ese candidato esgrimió como defensa el argumento de que esas prácticas no eran nuevas; lo que se le olvidó es que la ley electoral sí lo es y ahora prohíbe ese tipo de acciones castigándolas con cárcel.
A lo mejor sus asesores nunca se lo dijeron. Solo tendríamos que imaginarnos a este sujeto gobernando su Estado, diciéndonos que siempre ha habido homicidios dolosos y que el hecho de que los siga habiendo no requiere que se intente evitarlos.
En ese segundo comunicado de la Fiscalía General también se nos informó que esta institución se encuentra investigando al ex senador Samuel García, a quien se refirió como Samuel G, a su papá, su esposa y su suegro, por presunto financiamiento de campaña con fondos de procedencia ilícita, respondiendo a una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
A estos individuos se les investiga por delitos electorales y otros que tienen que ver con delitos del orden financiero, los cuales también dictan la prisión preventiva en caso de que existan indicios claros de su comisión.
Por supuesto que los voceros de la oposición se encuentran ya haciendo un escándalo y señalando persecución política contra candidatos de la oposición, como era de esperarse, olvidándoseles que la simple omisión de presentación de un reporte de gastos de precampaña, cuando no se habían hecho precampañas, por cantidades menores a 20 mil pesos, fue motivo suficiente para que el INE y el TRIFE cancelaran dos candidaturas de Morena a medio proceso electoral, pero que estos órganos dependientes del cártel de Claudio X González y de la fauna que lo acompaña, nunca se dieron cuenta de las violaciones flagrantes a la ley electoral cometidas por estos dos sujetos Adrian D y Samuel G.
En esos eventos el INE y el TRIFE argumentaron que se trataba de respetar y hacer cumplir la ley. ¿Qué le pasa hoy a la oposición moralmente derrotada? ¿No les gusta que se aplique la ley para todos? ¿Sólo para quienes no están coludidos con ellos en la protección de sus intereses de saqueo? La pregunta obligada para todos estos personajes que ahora se rasgan las vestiduras porque les están aplicando la ley sería ¿Qué se siente?
Como dijo el jurista romano Ulpiano: “Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”
