La defensa de Cabeza de Vaca acusó que el proceso en su contra tiene fines políticos y no está relacionado con crimen organizado, sino con una operación inmobiliaria.
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró a través de su defensa que el proceso legal en su contra ha sido utilizado con fines políticos, luego de que autoridades mexicanas impulsaran gestiones para que responda ante instancias en Estados Unidos. Sus abogados sostienen que las acusaciones no están relacionadas con delincuencia, sino con una operación inmobiliaria de 2019.
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Mediante una carta pública, los representantes legales Javier Coello Zuarth, del despacho Coello Trejo, y Juan P. Morillo, de Quinn Emanuel Urquhart, afirmaron que su cliente reside actualmente en territorio estadounidense “de manera libre y abierta”, y cuestionaron la actuación del gobierno mexicano en el manejo del caso.
Los litigantes acusaron que se ha buscado “contaminar públicamente el proceso legal” con objetivos ajenos a la impartición de justicia, señalando que el expediente ha sido utilizado en el contexto de señalamientos dirigidos a otros actores políticos.
En el documento, la defensa enfatizó que el caso contra el exmandatario no deriva de acusaciones por narcotráfico ni por presunta protección institucional al crimen organizado, como ocurre, según indicaron, en otros procesos de alto perfil.
“Se origina en la compraventa privada y lícita de un departamento y un cajón de estacionamiento en 2019, operación que fue artificialmente transformada por las autoridades en sucesivas hipótesis penales”.
Agregaron que dichas imputaciones incluyeron cargos por delincuencia organizada, a pesar de que, aseguran, existen pruebas documentales, financieras y testimoniales que acreditan la legalidad de la transacción.
Abogado niega nexos de Cabeza de Vaca con el narco
La defensa también subrayó que, desde hace más de seis años, García Cabeza de Vaca ha presentado denuncias tanto en México como en Estados Unidos relacionadas con presuntos actos de corrupción y redes de delincuencia organizada, incluyendo el llamado “huachicol fiscal”.
En ese sentido, sostuvieron que la persecución en su contra se intensificó después de que el exgobernador de Tamaulipas hiciera públicos diversos señalamientos sobre estructuras criminales con presunta protección política en el país.
“Desde hace más de seis años ha presentado denuncias ante autoridades competentes en México y en los Estados Unidos sobre hechos de corrupción y delincuencia organizada”.
Finalmente, los abogados reiteraron que continuarán promoviendo acciones legales en distintas jurisdicciones para defender los derechos de su cliente, así como su presunción de inocencia, y frenar lo que califican como un uso indebido de mecanismos de cooperación judicial internacional con fines políticos.
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Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
