El gobierno de Trump argumentó que las transferencias transfronterizas de bajo monto podrían estar relacionadas a actividades ilícitas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que endurece la vigilancia sobre las operaciones financieras realizadas por migrantes sin estatus legal regular.
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Esta medida podría impactar directamente el envío de remesas hacia México y el acceso de millones de personas al sistema bancario estadounidense.
La disposición, titulada Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense, instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores financieros a reforzar los mecanismos de supervisión sobre transferencias internacionales, plataformas de pago digitales y operaciones consideradas sospechosas.
La Casa Blanca informó que el decreto fue firmado el pasado 19 de mayo y establece un plazo de entre 60 y 180 días para que las autoridades financieras emitan nuevas directrices dirigidas a bancos e instituciones crediticias.
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De acuerdo con la orden ejecutiva, las instituciones financieras deberán prestar especial atención a transferencias transfronterizas de bajo monto, depósitos o retiros repetitivos y el uso de plataformas de pago entre particulares.
El gobierno estadounidense considera que estas prácticas podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.
Trump sostuvo que las instituciones financieras tienen un papel importante en la protección de la seguridad nacional y afirmó que su administración no tolerará riesgos derivados de operaciones financieras vinculadas con personas sujetas a deportación.
“Mi Administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita”, señaló el mandatario en el documento difundido por la Casa Blanca.
La orden también instruye al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a emitir recomendaciones formales para identificar patrones de actividad sospechosa y reforzar los programas de identificación de clientes.
Entre los aspectos que serán revisados se encuentra el uso de tarjetas de identificación consular extranjeras y del ITIN, el número de identificación fiscal individual utilizado por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y enviar dinero al extranjero.
El gobierno estadounidense advirtió que el uso del ITIN podría ser considerado un “factor de riesgo” que amerite procesos de debida diligencia reforzada.
Además, el decreto ordena a reguladores como la Reserva Federal y la Federal Deposit Insurance Corporation revisar normas relacionadas con créditos hipotecarios, préstamos automotrices y tarjetas de crédito otorgadas a personas sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
Migrantes se verían afectados por vigilancia de remesas
Aunque la orden ejecutiva no prohíbe expresamente el envío de remesas, especialistas advierten que las nuevas medidas podrían traducirse en mayores obstáculos para migrantes mexicanos que utilizan el sistema financiero estadounidense.
México es actualmente el tercer receptor de remesas en el mundo. Tan solo en 2025, el Banco de México reportó ingresos superiores a 64 mil millones de dólares por este concepto, la mayoría provenientes de Estados Unidos.
El gobierno de Trump sostiene que las transferencias pequeñas y frecuentes han sido utilizadas para financiar actividades como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.
La Casa Blanca también vinculó las medidas con la lucha contra el tráfico de fentanilo y señaló que análisis financieros han detectado operaciones relacionadas con cárteles mexicanos dentro del sistema bancario estadounidense.
“Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”, señala el documento oficial.
Asimismo, el gobierno estadounidense afirmó que redes chinas de lavado de dinero habrían utilizado cuentas en Estados Unidos para blanquear más de 312 mil millones de dólares.
La experta en seguridad Ana María Salazar advirtió que, bajo las nuevas disposiciones, será cada vez más complicado para personas en situación migratoria irregular enviar remesas, recibir salarios o acceder a préstamos en Estados Unidos.
La medida también provocó preocupación entre grupos bancarios y especialistas financieros, quienes previamente habían advertido sobre los costos y dificultades de verificar el estatus migratorio de los clientes, así como el posible impacto económico de excluir a millones de personas del sistema financiero formal.
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