La pareja de Díaz Ayuso está acusado de dos delitos fiscales y uno adicional por falsedad documental a raíz de la pandemia.
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enfrenta una acusación por fraude fiscal derivada de comisiones millonarias obtenidas durante la pandemia de Covid-19.
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De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía, el origen del caso se remonta a ingresos por cerca de dos millones de euros obtenidos por intermediar en la compraventa de material sanitario en 2020.
Según un informe de la Agencia Tributaria, el empresario habría incurrido en un fraude estimado en 350 mil 951 euros en los ejercicios fiscales de 2021 y 2022, al presentar declaraciones del impuesto de Sociedades de sus empresas.
Por estos hechos, está acusado de dos delitos fiscales y uno adicional por falsedad documental.
Pareja de Díaz Ayuso ganó millones lucrando con la pandemia
La investigación señala que la empresa Maxwell Cremona SL, propiedad de González Amador, facturó en 2020 un total de 2.33 millones de euros, de los cuales cerca del 85 por ciento (equivalentes a 1.97 millones) procedieron de una única operación de intermediación.
Esta consistió en poner en contacto a la firma FCS Select Products SL con la empresa gallega Mape Asesores para la venta de guantes y mascarillas en los momentos más críticos de la pandemia.
La documentación revisada por Hacienda detalla que los pagos se realizaron en dos momentos: 834 mil euros en mayo y 1.13 millones en agosto de 2020.
Ambos montos fueron abonados por FCS Select Products, empresa que durante la crisis sanitaria se convirtió en uno de los principales proveedores de material para administraciones públicas en España.
El contrato de intermediación, firmado presuntamente el 25 de enero de 2020 (antes de que estallara la emergencia sanitaria en el país), establecía una comisión del 4.5 por ciento sobre las operaciones gestionadas. En total, las ventas alcanzaron los 42 millones de euros.
El informe de la Agencia Tributaria, de más de 200 páginas, subraya el carácter “llamativo” de la operación, al tratarse de una transacción entre una empresa catalana y otra gallega que requirió la intervención de múltiples intermediarios, incluida una compañía radicada en Florida, IHD Inteconn.
Además, se documenta un viaje a Nueva York por parte de González Amador en enero de 2020, donde habría sostenido reuniones clave para cerrar el acuerdo. Hacienda describe a su empresa como un “mero intermediario” sin participación directa en la compraventa.
Investigan a pareja de Díaz Ayuso por fraude
La Fiscalía sostiene que, tras obtener estos ingresos, el empresario implementó mecanismos de ingeniería contable para reducir su carga fiscal.
Entre ellos, destaca el traspaso de actividades a una segunda empresa sin estructura ni empleados, denominada Masterman and Whitaker, lo que fue considerado por Hacienda como una sociedad instrumental.
Antes de este giro, la principal actividad de González Amador consistía en servicios de consultoría y auditoría, principalmente para el grupo sanitario Quirón Salud.
La Agencia Tributaria detectó irregularidades al trasladar esta facturación a una firma sin capacidad operativa.
Tanto la empresa vendedora como la compradora en la operación investigada mantuvieron relaciones comerciales con administraciones públicas.
FCS Select Products llegó a facturar más de 250 millones de euros al Gobierno de España durante la pandemia, mientras que Mape Asesores ha sido proveedora de distintas instituciones, incluida la propia Comunidad de Madrid.
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