9 de cada 10 ciudadanos piensan que la autoridad electoral no es justa, revela encuesta del INEGI

Este mes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, presentó el documento llamado Informe País 2020, el cual es un análisis de la encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), analizada por varios académicos del Colegio de México para el INE, en el que se desglosan en detalle un numero relevante de datos relacionados con la calidad de las instituciones y con la opinión de los ciudadanos.

En ese documento se revela un dato contundente en relación con la calidad de las autoridades electorales, evaluadas desde la percepción ciudadana que hace evidente la necesidad de modificar toda la estructura de las instituciones electorales para sanearlas y transformarlas en herramientas que sean útiles para la democracia que hoy demandan los mexicanos.

Una de las gráficas del documento presenta los datos sobre la frecuencia con la que la ciudadanía percibe irregularidades en los procesos electorales, una de las cuales es la actuación justa de parte de las autoridades electorales.

El resultado es que 9 de cada 10 ciudadanos (89%) percibe que es poco frecuente que la autoridad electoral actúe con justicia para evaluar y defender la voluntad expresada por ellos en las urnas.

Este solo dato demuestra que la percepción de la enorme mayoría de los ciudadanos encuestados, que tienen una representatividad estadística aceptable para tomar su opinión como la de todos los ciudadanos, percibe que las autoridades electorales no están a la altura en el desempeño de su trabajo para ser útiles al proceso democrático del país.

Resulta incongruente que el mismo INE, quien es precisamente el que revela este dato, se oponga a que se lleve a cabo una Reforma Electoral que implique transformar lo que no sirve a la realidad actual para sanearlo, volviéndolo útil y menos costoso de lo que es actualmente, e incluso que se dedique a promover el injerencismo extranjero para evitar llevar a cabo un proceso que sus mismos datos indican como indispensable.

Se calcula que la Reforma Electoral propuesta al Congreso implicará un ahorro anual de aproximadamente 50 mil millones de pesos a los mexicanos; sin embargo, esto afectará también directamente a los privilegios que ostentan el señor Córdova Vianello y sus consejeros a partir del derroche presupuestal.

Mientras sus informes revelan la necesidad impostergable de que la estructura de las autoridades electorales se modifiquen para servir al propósito para el que fueron creadas, en forma esquizofrénica y mezquina, quienes dirigen esa estructura están conscientes de la necesidad de hacerlo, pero se oponen a fin de proteger sus privilegios.