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El Gobierno de los Estados Unidos confiscó 19 propiedades por un valor total de 17 millones 930 mil 402 dólares a Genaro García Luna, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón mientras en realidad, protegía al Cártel de Sinaloa, razón por la que fue encontrado cupable por delitos relacionados con el narcotráfico por la Corte del Distrito Este, con sede en Nueva York.

Dichos inmuebles forman parte de los 745 millones 900 mil dólares que el Gobierno mexicano pretende recuperar mediante una demanda civil interpuesta ante las cortes en el estado de Florida, en los Estados Unidos, pues, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), García Luna, durante su etapa como encargado de la seguridad del país, y posteriormente a ello, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”.

“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, explica un comunicado de la UIF.

Es por ello que el Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, que busca recuperar los activos adquiridos mediante la red de corrupción tejida por García Luna durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón.

La red creada por García Luna con el propósito de desviar recursos del erario incluye también a su esposa Linda Cristina Pereyra, a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, mencionados durante el juicio en Nueva York, así como a Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Además, los desvíos de dinero presupuestal se llevó a cabo utilizando 44 empresas, adquiriendo, algunas de ellas, las 19 propiedades incautadas por el Gobierno norteamericano, entre las que destaca Delta Integrator LLC, creada en 2013 y la cual estaría directamente relacionada con Pereyra, la esposa de García Luna.

El esquema de corrupción se llevó a cabo mediante 30 contratos que las empresas ligadas con la red de García Luna obtuvieron, por un monto total de 634 millones 575 mil 727 dólares más 315 millones, 266 mil 667 pesos que en total dan la cifra de 745.9 millones de dólares que busca recuperar el Gobierno mexicano, tales como la puesta en marcha del Sistema de Centro de Rastreo de Localización para la hoy extinta Policía Federal, así como diversos contratos con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación social (OADPRS).

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