Luego de que este el fiscal de Campeche, Renato Sales, solicitara a la Cámara de Diputados el desafuero del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, por ser presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito, el vicecoordinador de los legisladores de Morena, Leonel Godoy, anunció que el juicio de procedencia, también conocido como desafuero se llevará a la Sección Instructora al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

“Va a ser expedito este tema y veremos de qué lado están las legisladoras y los legisladores, si siguen diciendo, a pesar de lo evidente, que es un perseguido político con estas propiedades, siempre ha sido político”, dijo el diputado Godoy al respecto.

“Se va a llevar a la Sección Instructora el asunto de Alito, ahí tenemos cuatro legisladores, vamos a ver si el PAN tiene compromiso con el combate a la corrupción (…). La Sección Instructora va a funcionar en el periodo ordinario para someter a una declaración de procedencia a Alejandro Moreno Cárdenas, porque debe de ser desaforado para que rinda cuentas ante las autoridades de Campeche”, agregó el morenista en rueda de prensa.

“No hay correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que se le han encontrado, entre ellos la famosa propiedad que fue cateada allá en Campeche, que vale 130 millones de pesos, además de un departamento en Polanco, otro departamento en Bosques de las Lomas y una casa que tiene ventanas blindadas y guardias con armas largas”, finalizó Leonel Godoy.

Respecto a la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche, Sales dejó claro que la carpeta de investigación iniciada en contra de Alejandro Moreno es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y nada tiene que ver con los audios difundidos por la gobernadora de ese estado, Layda Sansores.

“Afirmarlo categóricamente, la carpeta de investigación no tiene que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito. En qué consiste: en la desproporción en los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades que se encuentran a su nombre”, detalló el fiscal estatal.