UIF y FGR inician estrategia para recuperar 600 mdp de cuentas abandonadas por ‘narcos’

Tanto la Fiscalía General de la República, como la Unidad de Inteligencia Financiera, ya trabajan en una plan con el que se pretende recuperar -por lo menos unos 600 millones de pesos- de cuentas abandonadas por el crimen organizado desde el 2016; y que hasta la fecha nadie ha reclamado.

Los recursos que se buscan recuperar, pertenecieron a integrantes del crimen organizado; y que ya dieron por perdidas: como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, entre otros. Pues nadie reclamado dichos recursos ante un juez

De acuerdo con MILENIO, “se confirmó que ambas dependencias ya preparan un plan piloto para explotar la extinción de dominio bajo la figura de abandono, pues existen cuentas bancarias que fueron congeladas desde hace más de cinco años por lavado de dinero y que, desde entonces, continúan bloqueadas, pero sin que las autoridades puedan hacer uso de ese capital”.

En este primer paquete, la UIF y la FGR pretenden recuperar suman 600 millones de pesos, por lo que consideran que se pueda aplicar la declaración de abandono y redirigirlos a la hacienda pública.

El proyecto pretende que el dinero recuperado, se utilice en beneficio de la sociedad y que el gobierno pueda recuperarlo de una manera “más rápida, ágil y efectiva”.

El medio citado señala que el principal obstáculo para recuperar recursos congelados, es que los jueces mantienen estándares probatorios que resultan muy altos en las primeras fases procesales.

Desde el inicio del gobierno de López Obrador, la UIF ha incluido en las denuncias presentadas ante la FGR, la solicitud de que aplique el aseguramiento de cuentas; pero hay un problema con el que se enfrenta esta dependencia.
El entonces, ministro Eduardo Medina Mora, impuso a la UIF que para que se puedan descongelar cuentas, se necesita una solicitud expresa de una autoridad extranjera o de un organismo internacional.

Para que las autoridades puedan hacer uso de estos recursos de procedencia ilícita existen tres vías.

  • El decomiso, que consiste en que el Ministerio Público solicite el aseguramiento de las cuentas y conforme avance el proceso, al tener una sentencia condenatoria se pueda comprobar que el dinero es instrumento o producto de un delito. Pero esta vía lleva incluso años en lograrse.
  • La segunda es el abandono de bienes que no necesita llegar a la fase condenatoria, pues simplemente el Ministerio Público puede alegar que nadie presentó una impugnación o reclamó el bloqueo de estos recursos.
  • Y la tercera, se trata de la extinción de dominio que tampoco requiere una sentencia penal, pero el Ministerio Público debe acreditar ante el juez que existen elementos suficientes que muestran que este dinero está relacionado con un ilícito.

Con información de Milenio