Por Lucía Deblock
Según datos oficiales, enero del 2019 es el mes más violento para las mujeres en México desde que se tiene registro; en contraste con enero del 2018, sólo en Veracruz, los feminicidios aumentaron 149% y el abuso sexual 155%
Cada dos días una mujer es asesinada en Veracruz por su condición de mujer. En lo que va del año ya son 74 mujeres que perdieron la vida, de los cuales sólo 21 de esos casos son catalogados como feminicidios. A pesar de la diferencia en su clasificación, estos datos son suficientes para colocar al estado del sureste entre los primeros lugares de feminicidios, en un país tan profundamente violento como México.
Ser mujer en Veracruz, puede ser letal. 3 de cada 5 mujeres veracruzanas mayores de 15 años han declarado haber sufrido algún tipo de violencia -económica, emocional, física o sexual- por parte de su pareja.
Las ONG´s Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio coinciden en que, a pesar de que Veracruz es uno de los siete estados del país que cuenta con el protocolo de investigación con perspectiva de género, es práctica común que el Poder Judicial reclasifique el feminicidio como homicidio calificado.
Tan sólo en 2018, el Frente Veracruzano registró 24 casos más de feminicidios que el registro de las autoridades.
En Veracruz hay vigentes dos alertas de género, los protocolos judiciales obligan a las autoridades a investigar cualquier crimen contra una mujer o niña bajo el criterio de homicidios con motivación de género, es decir, por su condición de mujer. Sin embargo, la duda sobre si el gobierno atiende los protocolos de prevención, sigue vigente debido a que la tasa de feminicidios es 10 veces más alta que en el resto del país.
La tasa de delitos de feminicidio por cada 100 mil habitantes en Veracruz es de 0.49, cuando la media nacional es de 0.23 lo que lo coloca en una alarmante situación de violencia que las autoridades no han sabido resolver. Según el informe de la ONU de 2016, en México sólo el 10% de los casos de asesinatos contra una mujer han recibido una sentencia condenatoria.
La primera alerta en el estado fue declarada en Noviembre de 2016 en 11 municipios y fue por violencia feminicida. La segunda, inédita en el país, fue declarada en Diciembre de 2017 por agravio comparado, es decir, por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico, los sexuales, los reproductivos y de salud. Destaca que Veracruz tiene alertados todos los municipios del estado, es decir, los 212 municipios que componen la entidad.
Con la primera declaratoria se ordenaron una serie de dispositivos de emergencia para atender la violencia contra las mujeres que van desde el criterio ministerial para recibir denuncias tempranas, hasta la protección de las víctimas a fin de alejarlas de potenciales agresores y sitios de peligro; para ello se ordenó la ubicación de refugios temporales y permanentes, así como el asesoramiento jurídico, médico y psicológico. También, urgía a la activación de un protocolo de seguridad pública para prevenir la violencia; preveía la creación de agrupaciones de seguridad especializadas perspectiva de género y de reacción inmediata; la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas. Sin embargo, los feminicidios siguen a la alza.
En cuanto a los delitos de abuso sexual, la tasa creció 155.44% en la entidad. En enero de 2018 el Secretariado Ejecutivo registró una tasa de 0.8 casos de abuso sexual por cien mil habitantes en Veracruz, mientras que en el mismo periodo de 2019 registró 0.21, y resulta particularmente alarmante si consideramos que solo 1 de cada 10 casos es denunciado. A lo anterior, debemos sumar que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas estuvo acéfala por más de ocho meses y el Fiscal ordenó el despido de más de 20 fiscales especializados, lo cual equivale a su desmantelamiento.
En febrero de este año, varios medios locales documentaron las diferencias de las cifras en delitos de alto impacto entre los datos presentados por la Fiscalía de Veracruz, representada por Jorge Winckler -fue abogado personal del ex gobernador Miguel Ángel Yunes y está ligado a Acción Nacional-, y el Informe de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dejando claro que las afrentas políticas entre el fiscal y el gobernador, nos sólo discrepan en tanto a cifras y discurso político, sino que en el estado se carece de la coordinación necesaria entre las autoridades de procuración de justicia, de impartición y la seguridad ciudadana.
La frialdad de las cifras destaca el incumplimiento de las autoridades. Ni el gobierno estatal ni el municipal están realizando su tarea. Las mujeres en riesgo no obtienen ayuda institucional. Tampoco se ha cumplido con la intensa difusión recomendada para que las mujeres sepan que existen instituciones y personas ajenas al gobierno que pueden ayudarlas. Por lo que no es descabellado considerar que la actitud del gobierno de Veracruz responde más a una simulación en lo que respecta a acatar las recomendaciones de las alertas de género.
Quizá todos recordemos el emblemático caso de los Porkys -el caso de pederastia perpetuado por 4 jóvenes, hijos de altos funcionarios públicos, contra una menor de edad-, que dio lugar a la destitución de un juez, una persecución internacional y provocó la indignación nacional. Tal vez, de no ser por la viralización en redes sociales, el caso pudo haber quedado sepultado entre miles de expedientes sin resolver, pero sin duda, es un buen ejemplo que quedó en la memoria colectiva sobre la “forma” como se manejan las cosas en el estado de Veracruz. Y tal vez, a pesar del cambio de régimen, la realidad no ha mejorado mucho, sino por el contrario, las consecuencias de tan nefasto pasado han convertido a este estado en el territorio de la indignación.
